El Senado de la República aprobó este miércoles por unanimidad, con 106 votos, la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que otorga al Congreso de la Unión la facultad de crear la Ley General contra la Extorsión. Esta legislación buscará unificar los criterios, sanciones y protocolos de atención a víctimas en todo el país.
Según el dictamen, la reforma iguala el delito de extorsión a otros de alto impacto como secuestro, trata de personas y desaparición forzada, estableciendo que deberá regularse mediante ley general. La nueva ley determinará el definición del delito, sus agravantes, delitos vinculados y las sanciones mínimas y máximas, con el fin de combatir la impunidad y ofrecer una atención estandarizada a los afectados.
El documento señala que el Congreso dispone de un plazo máximo de 180 días para expedir esta Ley General, y que mientras tanto, las leyes actuales a nivel federal y estatal permanecerán vigentes.
Durante la presentación del dictamen en tribuna, Óscar Cantón Zetina, senador de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que la reforma responde a la necesidad de enfrentar un delito que ha incrementado su incidencia y que ha evolucionado con las nuevas tecnologías.
“La extorsión afecta a todo México, en todos los estados y municipios. Sus múltiples modalidades y la disparidad en las leyes estatales han permitido que se expanda como una sombra que arruina vidas, invade hogares y obstaculiza inversiones,” expresó.
Cantón destacó el consenso logrado, que refleja el compromiso de las diferentes fuerzas políticas. “Este acuerdo envía un mensaje de unidad y responsabilidad: la extorsión ya no tendrá refugio, la ley será su límite y la justicia será su destino,” subrayó.
En el debate, el PRI respaldó la reforma pero lanzó críticas al oficialismo, exhibiendo en el Pleno una manta en la que acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo “Andy” López Beltrán, así como a figuras como el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán N.
Karla Toledo Zamora, senadora priista, manifestó que no basta con modificar la Constitución y demandó una Ley General que incluya presupuesto, protocolos nacionales de investigación, mecanismos de protección a víctimas y sanciones contra autoridades omisas.
Por su parte, Carolina Viggiano, también priista, advirtió que en 2025 el delito ha aumentado en un 45 por ciento y que el 80 por ciento de los casos provienen de penales.
Desde el PAN, Verónica Rodríguez Hernández indicó que durante el primer semestre de 2025 se registraron cinco mil 887 víctimas de extorsión, la cifra más alta en una década, con un incremento del 83 por ciento. Movimiento Ciudadano, a través del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que la extorsión “erosiona la economía local” y se ha duplicado en los últimos diez años, pasando de 400 a más de 850 carpetas mensuales en 2025.
Actualmente, la extorsión es uno de los crímenes de mayor impacto social en México. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que solo una de cada diez víctimas denuncia, generando una “cifra negra” cercana al 97 por ciento. Afecta desde pequeños comercios hasta grandes empresas, frenando inversiones y provocando desplazamientos internos.
Expertos señalan que su expansión se debe a factores como la diversificación de las organizaciones criminales, la colusión de autoridades y la falta de protocolos unificados para denunciar y perseguir estos delitos.
El dictamen ahora será enviado a los congresos estatales para su ratificación.
