El Pleno del Senado de México aprobó este jueves por unanimidad con 102 votos la reforma ferroviaria promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema ferroviario, promover trenes de pasajeros y consolidar una política pública de movilidad con enfoque regional, sustentable y soberano.
La iniciativa, heredada del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del denominado “Plan C”, modifica cinco leyes fundamentales, entre ellas la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Bienes Nacionales. Estas modificaciones buscan actualizar el marco legal del sector, reactivar rutas estratégicas y brindar certeza a las inversiones públicas y privadas.
Uno de los ejes principales de la reforma es la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, un organismo técnico con autonomía operativa encargado de coordinar el desarrollo ferroviario y regular los trenes de carga y pasajeros. Además, la ley permite al Estado recuperar rutas concesionadas y declara al ferrocarril como una prioridad para el desarrollo nacional, prohibiendo su privatización sin autorización legislativa.
Con una inversión pública prevista de más de 157 mil millones de pesos hasta 2025, el gobierno planea rehabilitar más de 3,500 kilómetros de vías férreas que beneficiarán a 49 millones de mexicanos, integrando megaproyectos como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y nuevas rutas en el norte del país.
Aunque todas las bancadas respaldaron la iniciativa, algunos senadores del PRI, PAN y MC expresaron críticas puntuales. Miguel Ángel Riquelme (PRI) destacó aspectos positivos pero alertó sobre la necesidad de legalidad y planificación, además de solicitar mayor claridad en derechos laborales y autonomía técnica de la nueva agencia.
Tabita Ortiz (MC) apoyó el impulso ferroviario, aunque criticó que el 90 por ciento del presupuesto esté etiquetado de forma poco transparente y denunció recortes en el presupuesto de carreteras rurales. Señaló que es importante también fortalecer caminos y la interconexión logística.
Guadalupe Murguía (PAN) resaltó la importancia de la rectoría estatal y propuso la elaboración de un programa sectorial con metas claras, además de exigir transparencia en concesiones y proyectos, principalmente frente a las fallas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El senador Agustín Dorantes (PAN) presentó reservas para reforzar la rendición de cuentas, advirtiendo sobre sobrecostos en proyectos como el Tren Maya y solicitando mayor transparencia en licitaciones y participación comunitaria. Insistió en que el proyecto debe ser motivo de orgullo para Querétaro y México.
Por su parte, Yeidckol Polevnsky (PT) calificó la reforma como un acto de justicia social, recordando que México transporta 25 veces menos carga ferroviaria que Estados Unidos, y resaltó que el tren también beneficia la salud, la integración y la soberanía energética.
Waldo Fernández (PVEM) celebró que la reforma revoque la privatización del sector, impulsada por el expresidente Zedillo, y afirmó que alineará al país con las tendencias de nearshoring y los compromisos del T-MEC, convirtiendo a México en un centro logístico en Norteamérica.
Finalmente, la reforma fue enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, consolidando uno de los pilares de infraestructura del sexenio con el compromiso de modernizar el sistema ferroviario, promover el desarrollo territorial y mejorar la movilidad con una visión de Estado.
