Con 74 votos a favor y 13 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general una controvertida reforma para reforzar el marco legal contra el lavado de dinero, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa, respaldada por Morena y sus aliados, busca actualizar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y modificar el Código Penal Federal.
El principal objetivo de la reforma es fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ahora podrá acceder a información de ciudadanos contenida en registros de entes públicos sin necesidad de orden judicial, además de ampliar sus facultades para investigar vínculos con financiamiento al terrorismo y establecer controles en sectores como notariado, bienes raíces y fiduciarias. También se amplía la definición de 'persona políticamente expuesta', incluyendo no solo a funcionarios actuales o pasados, sino también a individuos relacionados con ellos, como familiares, asesores y proveedores.
El senador Javier Corral, de Morena, defendió la iniciativa, asegurando que se trata de una ley preventiva orientada a garantizar la estabilidad financiera y cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Aclaró que la reforma no otorga facultades persecutorias a la Guardia Nacional ni a la Secretaría de Seguridad, y señaló que fue producto de un proceso de diálogo con sectores financieros.
Por otro lado, la oposición expresó sus preocupaciones. La senadora del PRI Claudia Anaya advirtió que las nuevas facultades podrían ser usadas para hostigar a opositores, movimientos sociales y organizaciones civiles. Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales acusó que la ley legaliza el espionaje sin supervisión judicial, y la senadora Geovana Bañuelos, del PT, defendió la reforma argumentando que responde a estructuras financieras que operan mediante operaciones simuladas y que ayudará a erradicar el dinero ilícito.
Pese a las reservas presentadas, principalmente por la oposición, el bloque oficialista logró aprobar en lo general y particular el dictamen, que ahora será revisado en la Cámara de Diputados en un contexto de tensiones institucionales, marcado además por recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusó a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero.
El gobierno federal sostiene que la reforma es necesaria para combatir el financiamiento del crimen organizado, mientras que la oposición advierte que podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva sin freno judicial. Durante la discusión, la senadora Lucía Trasviña, del bancada de Morena, propuso eliminar una modificación relacionada con el financiamiento al terrorismo, argumentando que el marco jurídico mexicano ya cubre estos delitos e incorpora tratados internacionales.
La reserva fue aprobada por mayoría y la reforma continuará su proceso en la Cámara de Diputados. La discusión refleja el delicado equilibrio entre la lucha contra el delito y la protección de las libertades civiles en el país.
