El Senado de México, con el respaldo de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aprobó este viernes por la noche una serie de reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y a la Ley General de Población. La iniciativa busca crear una Plataforma Única de Identidad, facilitar el acceso masivo a datos biométricos por parte de autoridades y particulares, y convertir la CURP en un documento nacional obligatorio que incluya huellas dactilares y fotografía.
Estas reformas, presentadas como una estrategia para reforzar las capacidades del Estado frente a la problemática de desapariciones, también abren la posibilidad de centralizar datos personales y permitir la intervención de empresas privadas, sin mecanismos claros de control ni transparencia.
Uno de los aspectos clave es la consolidación de la CURP como único documento de identidad válido en todo el país, que contendrá datos biométricos como huellas y fotografía, y deberá presentarse en ámbitos públicos y privados en formatos físico y digital.
La Secretaría de Gobernación será responsable de integrar los datos biométricos en esta CURP, con la promesa de respetar la normativa de protección de datos. No obstante, la reforma obliga a cualquier institución —incluidas empresas— que posea datos identificativos a facilitar su consulta a autoridades como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y fiscalías estatales.
La Plataforma Única de Identidad será el núcleo digital del sistema, conectada con bases como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses, permitiendo el rastreo en tiempo real de perfiles y registros relacionados con personas reportadas como desaparecidas.
Además, la propuesta contempla:
- La creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, alimentada en tiempo real por las fiscalías.
- Acceso a datos del INE, incluyendo huellas, firma y fotografía.
- Acceso a bases biométricas de bancos y operadoras telefónicas, con sanciones de hasta 2.2 millones de pesos para quienes se nieguen a colaborar.
- La realización de pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de enviar restos humanos a fosas comunes.
- Participación de la Guardia Nacional en tareas de localización e identificación de personas.
- La conformación de una nueva base de datos de casas de seguridad y sitios utilizados para inhumaciones clandestinas.
