Las Comisiones Unidas de Bienestar y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron este miércoles, con 20 votos a favor y 6 en contra, el dictamen que busca extinguir al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La iniciativa propone transferir sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con el argumento de evitar duplicidad de funciones y reducir gastos públicos.
El oficialismo sostiene que esta medida optimiza recursos y elimina presunto despilfarro, pero los senadores de oposición advierten que la finalidad real es debilitar la capacidad de supervisión técnica sobre los programas sociales, que consideran fundamentales para garantizar su transparencia y efectividad.
El dictamen será enviado a la Mesa Directiva del Senado para su discusión en el pleno, en el marco de un periodo extraordinario de sesiones. Durante el debate, senadoras como Anabel Ávalos Zempoalteca (PRI) criticaron duramente la propuesta, acusando al gobierno de Morena de eliminar órganos técnicos que documentan los fracasos en las políticas sociales y de convertir los programas sociales en instrumentos clientelares.
Ávalos expresó su preocupación por el supuesto ahorro de más de nueve mil 300 millones de pesos, cuestionando qué destino tendrá ese dinero y acusando al gobierno de seguir con megaproyectos como Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otros proyectos multimillonarios, mientras desmantela instituciones técnicas bajo el pretexto de austeridad.
Por su parte, la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo (PAN) calificó la iniciativa como un retroceso institucional que pondrá en riesgo la transparencia y la evaluación de la pobreza. Resaltó que el Coneval desarrolló metodologías avanzadas para medir la pobreza multidimensional, incluyendo acceso a derechos fundamentales y no solo ingresos, y que estas funciones complementan las del Inegi, que solo recopila estadísticas.
Díaz Marmolejo sostuvo que la eliminación del Coneval implica convertir la evaluación en un trámite sin consecuencias, desvinculando los indicadores de desempeño del presupuesto público, y advirtió que sin evaluación no hay posibilidad de mejorar las políticas sociales ni fortalecer la democracia.
Desde el grupo oficialista, el senador del Partido Verde, Luis Alfonso Silva Romo, defendió la propuesta argumentando que el Inegi puede absorber las funciones del Coneval con mayor eficiencia y menor costo, asegurando que el personal técnico del instituto es suficiente para continuar con la medición de la pobreza y la evaluación de programas.
Silva Romo también destacó que esta medida permitiría un ahorro superior a nueve mil millones de pesos y respaldó la política de austeridad del gobierno, que, afirmó, ha logrado que más de 11 millones de personas salgan de la pobreza desde 2018.
El debate continúa y se espera que el dictamen sea sometido en el pleno del Senado para su votación, donde la oposición anticipa una defensa enérgica del Coneval, que consideran un órgano fundamental para garantizar un contrapeso técnico frente al posible uso político de los programas sociales.
