El Senado de la República dio un paso importante el martes 14 de octubre en la aprobación de la reforma a la Ley Aduanera, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras ser avalada en las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. La iniciativa cuenta con el respaldo de Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo.
Las comisiones aprobaron el documento enviado por la Cámara de Diputados con 13 votos a favor y 4 en contra en Hacienda, y 8 a favor y 5 en contra en Estudios Legislativos. La próxima etapa será su discusión y votación en el Pleno del Senado durante esta semana, como informó El Sol de México.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, destacó que la reforma busca modernizar las reglas del comercio exterior para hacerlo más competitivo, además de fortalecer la transparencia y legalidad en procedimientos aduanales.
Yunes resaltó que, en un contexto donde la economía mexicana depende en gran medida de su intercambio internacional, la reforma facilitará el cumplimiento y combatirá el abuso, además de buscar una aduana moderna que agilice trámites y disuada irregularidades mediante garantías financieras, ampliación de la vigencia de patentes aduanales de 10 a 20 años, y ajuste en la certificación profesional.
Por instrucciones presidenciales, se incluirá un transitorio para que la ley entre en vigor a partir del 1° de enero de 2026, junto con el Paquete Económico, evitando conflictos con el reglamento actual.
El senador Waldo Fernández, del Partido Verde Ecologista, defendió la iniciativa, asegurando que dota al Estado de herramientas tecnológicas y de control fiscal. Destacó que la digitalización de procesos y la trazabilidad de mercancías reforzarán la fiscalización para combatir la subvaluación y el introducción ilegal, fortaleciendo la legitimidad del Estado y una recaudación más justa.
No obstante, los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su oposición, advirtiendo que la reforma no combate la corrupción estructural ni el llamado “huachicol fiscal”, que en los últimos años habría permitido la fuga de más de 600 mil millones de pesos.
Clemente Castañeda, coordinador de MC, expresó que la reforma sobreregula a los importadores y exportadores legales, dejando sin abordar las responsabilidades de la Agencia Nacional de Aduanas, el SAT y la Secretaría de Hacienda, donde, según señala, se concentran los focos de corrupción.
El senador panista Raymundo Bolaños alertó que la propuesta criminaliza a los agentes aduanales, trasladándoles responsabilidades que corresponden a funcionarios públicos, y que la delincuencia organizada podría seguir operando en colusión con estos, mientras se perjudica al sector empresarial formal.
Además, la oposición criticó que el control militar de las aduanas, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, continúa sin fortalecerse con mecanismos civiles de vigilancia o auditoría autónoma.
La senadora priista Mely Romero Celis advirtió que la reforma podría generar sobrecarga en los recintos fiscalizados, poniendo en riesgo puertos y cadenas de suministro, además de contravenir principios constitucionales como la presunción de inocencia y la no retroactividad, al facultar suspensiones de patentes sin sentencia judicial y modificar plazos de vigencia retroactivamente.
Finalmente, esta reforma forma parte del paquete de modernización económica impulsado por la Administración Sheinbaum, dirigido a reducir el contrabando, la subvaluación y las empresas fachada. Sin embargo, también ha reavivado el debate sobre el “huachicol fiscal” y la corrupción en las aduanas, donde investigaciones sugieren una fuga millonaria de recursos.
La minuta será sometida a discusión en el Pleno del Senado en los próximos días, con expectativas de aprobarla con modificaciones menores y que entre en vigor en 2026, en línea con las metas del gobierno y las necesidades del comercio exterior mexicano.
