El Senado de México continúa con su agitada agenda legislativa y, en una sesión programada para esta tarde, intentará dictaminar la propuesta de reforma al Régimen Penal Juvenil, que contempla bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer penas de hasta 15 años de prisión por delitos graves. La iniciativa, aprobada previamente por la Cámara de Diputados, será analizada a partir de las 14:30 horas en las comisiones de Justicia, Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda.
El proyecto de ley incluye modificaciones sustanciales, como la reducción de la edad de imputabilidad, penas alternas para delitos menores, y la creación de instituciones especializadas para garantizar derechos básicos a los menores condenados. Asimismo, se reconoce y protege el rol de las víctimas, asegurando su participación activa en el proceso penal y derechos de patrocinio y asistencia emocional.
Aunque cuenta con el respaldo del bloque libertario y varias bancadas dialoguistas, algunas fuerzas políticas expresaron reservas, condicionando su apoyo a la discusión de aspectos específicos del texto, en especial tras la controvertida reforma laboral y temores de incidentes similares al rechazo vivido en la Cámara Baja. Fuentes parlamentarias informaron que, si no se resuelven esas dudas hoy, podrían generarse disidencias en la votación.
El proyecto también contempla la implementación de mecanismos de mediación y suspensión del proceso a prueba en casos leves, además de la prohibición de convivencia con mayores en centros de detención. Se priorizará la formación especializada del personal en derechos de infancia y adolescencia, garantizando acceso a educación, atención médica y tratamiento para adicciones.
Por otra parte, en el Senado se analiza también la designación del exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la Unión Europea, proceso que podría quedar aprobado la próxima semana tras la sesión de la comisión de Acuerdos. La agenda incluye además otros temas como la ley de glaciares y reformas laborales, en un esquema que refleja la complejidad y la tensión del calendario legislativo, marcado por acuerdos y posibles divergencias entre las distintas fuerzas políticas, especialmente el kirchnerismo y sus adversarios.
La discusión en el Congreso evidencia la alta polarización en torno a la reforma penal juvenil y otras reformas clave, en un contexto donde la oposición busca frenar avances que consideran riesgosos, mientras el oficialismo intenta agilizar los cambios antes del cierre del período Legislativo.
