Tras la aprobación de una reforma en materia de búsqueda de personas desaparecidas en la Cámara de Diputados el pasado lunes, este miércoles el Senado emitió el acuerdo de su Junta de Coordinación Política (Jucopo) para convocar y definir el proceso de selección de nuevos integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esto ocurre tras vencerse el periodo de los miembros designados en 2021.
El Consejo Ciudadano, establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, actúa como órgano de consulta del Sistema Nacional de Búsqueda y está compuesto por 13 integrantes: cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro representantes de organizaciones civiles de derechos humanos y cuatro especialistas en búsqueda, derechos humanos o materia forense.
La convocatoria está dirigida a organizaciones de familiares, colectivos de víctimas, académicos, activistas y expertos, quienes podrán registrar sus propuestas del 21 al 25 de julio a través de un formulario en el portal oficial del Senado.
Entre los requisitos para postularse están presentar currículum, cartas de idoneidad, documentación oficial y una declaración de no afiliación partidista ni antecedentes por violaciones a derechos humanos. Para garantizar transparencia, toda la documentación será publicada en versión pública y el proceso será supervisado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos.
Las comisiones validarán las solicitudes, podrán solicitar correcciones antes del cierre del registro y emitirán un dictamen con los perfiles seleccionados antes del 15 de agosto. Posteriormente, la Jucopo presentará una propuesta de designación que será sometida a votación por mayoría absoluta en el Pleno del Senado.
Los consejeros, que ejercerán su cargo de manera honorífica por tres años sin posibilidad de reelección, rendirán protesta ante el Pleno del Senado.
Este acuerdo fue firmado y respaldado por todos los coordinadores parlamentarios de los diversos grupos legislativos —incluidos Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC— así como por todos los legisladores en el Pleno, reflejando un amplio consenso político en la actualización de un órgano clave en la vigilancia de la acción del Estado frente a las desapariciones de personas.
