El debate en torno a la reforma electoral en México ha puesto sobre la mesa la necesidad de que las acciones afirmativas dejen de ser medidas temporales para convertirse en mecanismos permanentes que garanticen la inclusión y representación política de grupos vulnerables. Durante el foro "Acciones afirmativas en el marco de la reforma electoral", la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, enfatizó la importancia de que los partidos políticos postulen sistemáticamente a personas de grupos históricamente discriminados, estableciendo proporciones mínimas definidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En este encuentro, que reunió a académicos, legisladores, activistas y diversos actores, se analizaron los obstáculos para la participación política de estos grupos y se discutieron propuestas para ampliar su acceso a posiciones de decisión. Ascencio Ortega destacó el panorama actual a nivel federal. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, se registraron 21 candidaturas de personas indígenas por mayoría relativa y 9 por representación proporcional, sumando un total de 30 postulaciones. Para personas con discapacidad, las candidaturas fueron 6 por mayoría relativa y 2 por representación proporcional; para personas afromexicanas, 3 y 1 respectivamente; para personas de la diversidad sexual, 2 por mayoría relativa y 1 por representación proporcional; y para personas migrantes, 5 por representación proporcional.
La senadora de Morena recordó que, al asumir su escaño, presentó iniciativas para sancionar la simulación electoral. Destacó que, aunque no se espera una reforma electoral para comenzar a trabajar en estos temas, es fundamental impulsar avances en el contexto actual.
Entre sus propuestas, Ascencio Ortega sugirió incluir el principio de paridad interseccional y garantizar que las acciones afirmativas respeten la paridad de género en candidaturas indígenas, afromexicanas, de personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Además, planteó facultar al INE para emitir lineamientos que aseguren el cumplimiento de dichas acciones, así como implementar medidas que faciliten la participación efectiva, como accesibilidad, intérpretes y formación política. Propuso también establecer mecanismos para evaluaciones periódicas del impacto de estas acciones, con el fin de fortalecarlas y prevenir retrocesos en derechos políticos.
La legisladora afirmó que se debe "garantizar un piso parejo donde la brillantez de una propuesta pese más que el dinero o recursos".
Otros participantes destacaron la importancia de infraestructura adecuada y capacitación para personas con discapacidad, para garantizar su plena participación electoral. Daniel Fernando Garza Villarreal afirmó que la participación de estas personas es un asunto de derechos humanos, no de asistencia social.
Por su parte, Daniel Tacher Contreras, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, explicó que la experiencia de las últimas dos décadas demuestra que el voto desde el extranjero no compromete la integridad electoral, sino que la fortalece, ayudando a reducir la exclusión y reconocer una sociedad binacional.
El abogado Diego Vázquez Cruz coincidió en que todos los actores del proceso electoral deben capacitarse en derechos humanos, en especial respecto a grupos prioritarios, para que las normas se apliquen efectivamente. Sugirió que pequeñas acciones, como tipificar la violencia contra personas de diversidad sexual, pueden empezar a incorporarse en la reforma para visibilizar y erradicar esta problemática.
