La entrada en vigor de la ley ‘No más olé’ ha reavivado el debate sobre la tauromaquia en Colombia, especialmente en ciudades como Cali y Manizales, que celebran tradicionales ferias de fin de año. La ley, sancionada en 2024, prohíbe los espectáculos con maltrato animal y contempla un periodo de transición de tres años, hasta julio de 2027, durante el cual las actividades taurinas podrán seguir realizándose si las ciudades cumplen ciertos requisitos.
En una entrevista con Mañanas Blu, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, explicó que durante este periodo las alcaldías tienen la potestad de permitir las corridas de toros o establecer alternativas culturales o económicas.
“La ley establece la prohibición de actividades taurinas, pero también un periodo de transición de tres años. En ese plazo, las ciudades que cumplen requisitos pueden realizar corridas”, afirmó Hernández. Sin embargo, cuestionó la postura del alcalde de Cali, Alejandro Eder, por su aparente rechazo a la idea de reemplazar las corridas con otras actividades.
La senadora aseguró que Eder ha profundizado en el impulso de las corridas en contra de lo que señala la ley y el sentir de la ciudadanía caleña. “El alcalde no quiere reemplazar las corridas y ha intensificado su promoción, lo cual va en contra del espíritu de la ley y de la oposición popular”, expresó.
Hernández remarcó que la decisión de permitir o limitar las corridas durante la transición es una facultad de los gobiernos locales. Agregó que algunos municipios, como Duitama, ya han comenzado a reconvertir sus plazas taurinas para usarlas en eventos culturales, como conciertos y actividades artísticas, y que esa debería ser la dirección de Cali.
La legisladora destacó que ‘No más olé’ no solo prohíbe la tauromaquia, sino que busca promover una transformación social y económica mediante la reconversión de escenarios y la identificación de las personas que dependen económicamente de estas actividades. Señaló que ha faltado voluntad de diálogo por parte del sector taurino, que se ha resistido a dialogar con el Gobierno.
Finalmente, Hernández reiteró que la responsabilidad del cambio recae en las administraciones locales, que deben iniciar la transición en coordinación con el Gobierno nacional, siempre en cumplimiento de la ley y promoviendo alternativas culturales que respeten el sentir ciudadano.
