Senadores de Estados Unidos presentaron esta semana un proyecto de ley destinado a reforzar la cooperación en materia antinarcóticos entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el gobierno mexicano, con énfasis en identificar riesgos de contrainteligencia.
La iniciativa, impulsada por el senador republicano por Texas, John Cornyn, y la senadora demócrata por Arizona, Mark Kelly, busca que la DNI elabore un plan de acción para mejorar la colaboración, coordinación y cooperación en la lucha contra los cárteles mexicanos.
De aprobarse, la ley estipula que cada elemento de la comunidad de inteligencia deberá presentar al Congreso una evaluación sobre su relación con el gobierno de México y analizar los riesgos de contrainteligencia que puedan existir en dichas relaciones. La contrainteligencia se refiere a las actividades que realizan grupos criminales, incluyendo potenciales cómplices, para proteger sus operaciones ilícitas frente a las investigaciones gubernamentales.
"Una vida inocente perdida por el narcotráfico que cruza desde México a Estados Unidos es inaceptable", afirmó Cornyn al presentar la iniciativa. "Esta legislación asegurará que nuestra Comunidad de Inteligencia utilice la relación con México para acabar con estos criminales y proteger a nuestros ciudadanos."
Kelly, por su parte, agregó: "Para derrotar al narcotráfico, EE. UU. y México deben trabajar juntos contra los cárteles. Este esfuerzo bipartidista fortalecerá nuestra seguridad mediante la colaboración entre la Comunidad de Inteligencia y las autoridades mexicanas."
El proyecto de ley también solicita a la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, que proponga una estrategia para potenciar la cooperación antinarcóticos y coordinarse adecuadamente con las entidades mexicanas con quienes existe relación directa.
Asimismo, pide recomendaciones y una evaluación de los recursos necesarios para implementar de manera efectiva esta estrategia en defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos.
Este anuncio se da en medio de una audiencia en Chicago, donde Ovidio Guzmán López, hijo del histórico narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró culpable de varios cargos de narcotráfico internacional y delincuencia organizada como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Se teme que Guzmán López pueda ofrecer información sobre la supuesta complicidad de unos 300 políticos, militares y empresarios en las actividades del Cártel de Sinaloa.
Además, la propuesta de Cornyn y Kelly refleja las presiones del gobierno de Donald Trump para endurecer la lucha contra los cárteles, elemento que también se ha vinculado con las negociaciones comerciales y la posible eliminación de aranceles a productos mexicanos.
