Diversos legisladores federales del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano expresaron su rechazo a la reforma al Código Penal de Puebla que tipifica el delito de “ciberasedio”, argumentando que esta medida amenaza la libertad de expresión en internet y podría emplearse para sancionar la disidencia digital.
La senadora Alejandra Barrales, vicepresidenta de Movimiento Ciudadano, acusó que el nuevo artículo 480, publicado el viernes 13 de junio en el Periódico Oficial del Estado, refleja las intenciones del gobierno de silenciar a las voces ciudadanas. "En estos momentos, necesitamos una ciudadanía informada y activa que denuncie los abusos del poder, no leyes que censuren", advirtió.
Barrales añadió que el Congreso de la Unión no debe permanecer pasivo ante iniciativas estatales que parecen actuar como leyes mordaza, y anunció que su bancada recurrirá a todos los mecanismos institucionales disponibles para frenar estas disposiciones punitivas.
Asimismo, la diputada Nohemí Luna, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, no solo criticó la reforma —que contempla penas de 11 meses a 3 años de prisión y multas de hasta 40 mil pesos— sino también expresó preocupación por el encarcelamiento del periodista Jorge Luis González Valdez en Campeche, acusado de “incitación al odio” por publicaciones críticas contra la gobernadora Layda Sansores.
El líder del PRI, Alejandro Moreno, calificó en redes sociales la ley como “una puñalada a la libertad de expresión y un ataque a los derechos humanos”, e hizo un llamado a luchar en todos los ámbitos para defender las libertades en México.
Barrales resaltó que diversas organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre los peligros de la reforma, que introduce un tipo penal con definiciones imprecisas y de alcance tan amplio que podría afectar a periodistas, activistas y ciudadanos que cuestionen al poder.
Asimismo, criticó la incoherencia de los gobiernos de izquierda que, según ella, imponen restricciones a la crítica ciudadana, pese a su lucha histórica contra actos autoritarios.
En respuesta a las inquietudes y bajo creciente presión social, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, emitió un comunicado en el que solicitó al Congreso local revisar el contenido de la reforma y abrir espacios de diálogo con la sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas, y representantes legales.
Armenta pidió colaborar en la organización de foros en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para analizar aspectos relacionados con el ciberacoso y la libertad de expresión en la Ley de Ciberseguridad.
