La dictadura cubana condenó a seis ciudadanos en Manicaragua, provincia de Villa Clara, a penas que van de cinco a seis años de prisión por participar en protestas pacíficas con ‘toques de calderos’ y reclamos de electricidad frente a la sede del Gobierno municipal.
Según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que tuvo acceso a la sentencia C‑7‑25 emitida por el Tribunal Provincial de Villa Clara el pasado lunes, estas condenas forma parte de un proceso judicial por delitos relacionados con la seguridad del Estado.
José Águila Ruiz fue condenado a seis años de cárcel bajo la acusación de ‘propaganda contra el orden constitucional’, mientras que Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez recibieron también seis años cada uno por ‘desórdenes públicos’. Además, enfrentan sanciones accesorias y diversas restricciones.
Osvaldo Agüero Gutiérrez, Narbiel Torres López, de solo 18 años, y Yoan Pérez Gómez fueron sentenciados a cinco años por ‘desórdenes públicos’, junto con la privación de derechos políticos y la prohibición de salida del país.
La sentencia relata que los acusados participaron en una protesta en la noche del 20 de octubre de 2024, cuando un grupo de más de 100 personas se dirigió a la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Manicaragua para exigir electricidad. Durante la manifestación, golpearon cacerolas y otros objetos metálicos para generar ruidos fuertes, afectando la tranquilidad pública, y bloquearon la circulación vial, gritando: “¡Queremos corriente!”.
Narbiel Torres López, Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez fueron señalados por usar instrumentos para incitar al ruido, incluyendo un claxon y objetos metálicos en la cintura, con la intención de ‘apabullar a los funcionarios’, según la sentencia. Los otros dos también participaron con gritos y gestos que impidieron a los dirigentes explicar la situación energética.
El OCDH calificó la sentencia como un ‘fraude’ y señaló que su único propósito es ‘criminalizar la protesta cívica’, en un contexto de creciente represión por parte del régimen cubano, que busca silenciar los derechos fundamentales. La organización afirmó que la resolución judicial viola las garantías del debido proceso y anula el principio de legalidad, manifestando que los acusados deberían haber sido absueltos por la falta de pruebas.
El observatorio criticó además la dependencia excesiva de los testimonios de funcionarios del Ministerio del Interior y el gobierno local, cuestionando la imparcialidad judicial, y resaltó la falta de claridad en la relación entre las acciones realizadas y su impacto real en el orden público. Asimismo, advirtió que el uso de lenguaje políticamente sectario por parte del tribunal compromete su objetividad.
En conclusión, el OCDH reafirmó que la sentencia evidencia un intento de limitar las libertades de expresión y manifestación, violentando derechos constitucionales, y subrayó que las condenas severas están desprovistas de una base probatoria sólida y respetuosa de los derechos humanos fundamentales.
