La crisis hídrica en el oeste de Estados Unidos, centrada en el uso excesivo del río Colorado para actividades ganaderas y agrícolas, pone en riesgo el abastecimiento de agua para más de uno de cada diez estadounidenses. La prolongada sequía, sumada a nevadas mínimas durante el invierno pasado, ha intensificado las disputas entre los siete estados que integran el Pacto del Río Colorado, generando incertidumbre sobre una posible intervención federal en la distribución del recurso. La falta de acuerdos sobre recortes de agua, junto con una infraestructura legal que privilegia a los primeros usuarios, dificulta soluciones eficientes y sostenibles.
Actualmente, aproximadamente el 75% del uso anual del río Colorado corresponde a actividades agrícolas, en particular al riego de cultivos como alfalfa y forrajes, destinados principalmente a la ganadería. Los cultivos de alfalfa y otros forrajes consumen casi la mitad del agua total extraída del río, y se destinan casi exclusivamente a la producción de carne y leche. En conjunto, estos procesos representan al menos el 47% del volumen de agua utilizado, agravando la escasez hídrica en la región.
Expertos advierten que, de no modificarse el uso del agua, las estrategias de ahorro urbano y doméstico tendrán un impacto limitado frente al volumen de consumo en el sector ganadero, que además contribuye al cambio climático mediante emisiones de metano. Un estudio de 2024 publicado en la revista Nature Communications Earth & Environment revela que, pese a producir más del 95% de la economía agrícola, los cultivos dedicados a la ganadería reciben menos del 0.2% del producto bruto estatal.
La estructura legal basada en derechos históricos, que favorece a los usuarios que primero reclamaron el agua —como los agricultores de California desde el siglo XIX—, imposibilita reasignar recursos hacia usos más sostenibles o reducir la actividad ganadera. Esta protección legal, junto a subsidios y apoyos políticos, mantiene en plena operación prácticas poco rentables y desincentiva cambios hacia prácticas agrícolas más eficientes.
Mientras tanto, las negociaciones entre los estados del bajo río —California, Arizona y Nevada— han propuesto recortes de uso significativos, en contraste con la resistencia de Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming, que argumentan que los estados con mayores consumos históricos deben asumir mayores reducciones. La disputa vuelve a enquistarse ante la imposibilidad de pactar recortes iguales y la insuficiencia de medidas voluntarias.
Las acciones simbólicas, como cambiar céspedes urbanos, promover duchas más cortas o limitar campos de golf, resultan insuficientes ante la magnitud del consumo en la industria ganadera. La agencia federal Departamento del Interior analiza opciones que van desde imponer recortes obligatorios, hasta pagar a productores por dejar tierras en descanso agrícola o vender derechos de agua, aunque estos procesos avanzan lentamente por la protección legal de los derechos de riego.
Se espera que la disputa entre los estados persista si las precipitaciones y reservas de nieve no muestran signos de recuperación en el corto plazo, poniendo en riesgo el equilibrio hídrico de la región y la seguridad futura del agua en el oeste de Estados Unidos.
