La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el Gobierno federal tenga intención de presentar una denuncia contra el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, vinculado a un presunto caso de corrupción por la adquisición de la Casa Azul en Houston. La mandataria explicó que la investigación es responsabilidad de las fiscalías, ya que éstas gozan de autonomía.
"Creo que el exgobernador debe aclarar la situación, ya que se dice que tiene una casa a nombre de una empresa que contrató y en la que actualmente reside", afirmó durante su conferencia matutina.
Sheinbaum detalló que el caso involucra un contrato que el exgobernador realizó con una empresa, en la cual presuntamente vive en una propiedad en Estados Unidos. "De comprobarse, sería un acto de corrupción", señaló. Añadió que el Gobierno no actuará de manera autónoma y que corresponde a las fiscalías realizar las investigaciones.
En semanas recientes, una investigación periodística reveló que Rodríguez habita actualmente en una casa valorada en 20 millones de dólares en Houston, adquirida por Seguritech, una de las empresas de seguridad contratadas durante su administración.
Sobre el papel del Gobierno federal, Sheinbaum afirmó que, si hay recursos federales involucrados, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la autoridad para investigar. En caso contrario, corresponde a la Fiscalía de Guanajuato.
Asimismo, resaltó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza investigaciones de manera independiente, y cuando detecta irregularidades, actúa bloqueando cuentas o presentando denuncias ante la FGR. "Siempre que se detecta un delito de lavado de dinero, la UIF interviene y solicita el congelamiento de cuentas, y si es necesario, presenta denuncias", puntualizó.
Finalmente, Sheinbaum aclaró que, en relación al caso de la Casa Azul, la responsabilidad recae en la Fiscalía de Guanajuato, pero sugirió que instituciones como la Auditoría Superior de la Federación también pueden llevar a cabo auditorías si se detectan fondos federales, además de que las propias fiscalías tienen competencia para actuar.
