La presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso decisivo en la orientación de la seguridad en México al presentar ante la Cámara de Diputados, el pasado 5 de junio, una iniciativa para expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional (GN) y modificar varias leyes militares. La propuesta busca legalizar el control absoluto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre esta fuerza, transformándola en una instancia de carácter militar y con formación policial.
Firmada por la consejera jurídica Ernestina Godoy, la iniciativa abroga la ley vigente de la GN, que garantizaba un mando civil, para convertirla en una fuerza permanente encuadrada en el ámbito militar.
Este cambio profundiza la tendencia de militarización en materia de seguridad iniciada en el sexenio anterior, y contradice tanto los discursos de derechos humanos como las advertencias de organismos internacionales. La propuesta establece que el mando superior de la Guardia Nacional será el titular de la Sedena, consolidando el control castrense.
Adicionalmente, la iniciativa no solo transfiere la gestión operativa y administrativa, sino que también somete a los elementos de la Guardia Nacional a las leyes y procedimientos militares, lo que implica que puedan ser sancionados y juzgados bajo el Código de Justicia Militar, alejándolos de la justicia civil.
Entre las modificaciones destaca la creación de un Consejo Superior de Disciplina —de carácter exclusivamente militar—, que podrá suspender a los integrantes de la GN por hasta 30 días por faltas graves y establecer conductas delictivas específicas bajo el fuero militar.
Estas reformas legalizan la realidad que, desde su creación en 2019, ha mantenido a la Guardia Nacional bajo control del Ejército, sin autonomía ni mecanismos efectivos de supervisión civil. La participación en tareas de inteligencia y investigación también se fortalecerá sin salvaguardas civiles que eviten abusos.
Aunque se menciona una “doctrina policial civil”, las decisiones operativas quedarán bajo la lógica castrense, sin filtros civiles.
Además, la reforma busca que la Guardia Nacional quede integrada en el marco jurídico militar, modificando leyes como la Ley Orgánica del Ejército y el Código Militar de Procedimientos Penales, incluyendo aspectos presupuestarios, de ascensos y formación, toda bajo la influencia de la Defensa Nacional.
La exposición de motivos afirma que estas modificaciones fortalecerán la presencia de la Guardia en zonas con alta violencia y sin presencia policial civil, y que colaborará con fiscalías e instituciones policiales en tareas de inteligencia y investigación.
Mientras se presenta como un ajuste normativo para promover la paz, en la práctica, la reforma amplía las facultades de la Sedena para recopilar y manejar información en materia de seguridad nacional, reforzando su rol como actor principal en los ámbitos de inteligencia y seguridad dentro del Estado mexicano, incluso en funciones que antes ameritaban control civil.
“Corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional generar, operar, procesar y utilizar información en materia de Seguridad Nacional para advertir riesgos y prevenir amenazas mediante los organismos de inteligencia que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, coadyuvando con la gobernabilidad y el fortalecimiento del Estado de derecho”, indica el texto de la iniciativa.
Con esta propuesta, Sheinbaum reafirma que la militarización de la seguridad pública no es una medida temporal, sino una estrategia estructural del proyecto de la Cuarta Transformación. El mando civil queda en segundo plano, mientras el discurso de paz y pacificación se institucionaliza y se consolida un régimen de seguridad con lógica militar y sin los controles democráticos tradicionales.
