La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Unión una reforma constitucional con el objetivo de establecer una Ley General contra la Extorsión, uno de los delitos de alto impacto que continúa en aumento en el país. Sheinbaum confía en que todas las fuerzas políticas apoyarán esta iniciativa, dado que busca fortalecer las acciones contra este delito.
Para ello, es necesario modificar el artículo 73 de la Constitución, para que el Congreso tenga la facultad de emitir una ley que los 32 estados del país deberán aplicar. La mandataria afirmó que la extorsión sigue siendo un problema no resuelto, con incrementos recientes, y que una Ley General permitiría homogeneizar las acciones en todo el territorio nacional.
'Una vez aprobada la reforma constitucional, se enviará la iniciativa para crear la Ley General contra la Extorsión, que entre otros cambios, contempla que las denuncias sean perseguidas de oficio por las autoridades federales y estatales. Actualmente, la denuncia recae en la víctima, lo que pone en riesgo su vida. Ahora, será obligación del Estado investigar y perseguir el delito sin que dependa de la denuncia individual', explicó Sheinbaum.
Al presentar los datos del informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la funcionaria resaltó que aunque en general los delitos de alto impacto han mostrado una tendencia a la baja, la extorsión ha registrado un aumento del 27.7%, siendo el único delito que reportó incremento.
El lunes pasado, Sheinbaum anunció que la Estrategia Nacional Antiextorsión, presentada por el Gabinete de Seguridad, incluirá una serie de reformas legales para abordar este problema. Destacó que ocho estados concentran el 60% de los casos de extorsión: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
La estrategia se basa en cinco ejes principales: establecer la línea de emergencia 089 como vía de denuncia; cancelar las líneas telefónicas en casos de extorsión telefónica; abrir investigaciones en fiscalías estatales; desplegar células de inteligencia especializadas; y fortalecer las investigaciones en unidades dedicadas al secuestro y extorsión.
Con estas acciones, se busca reducir la incidencia de la extorsión y proteger a la ciudadanía de este delito en aumento.
