La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales y crear la Ley General de Aguas, con el objetivo de revertir el carácter comercial del agua y fortalecer su condición como derecho humano.
“Estamos enviando una iniciativa que devuelve el agua para uso de la nación (...) se recupera el derecho al agua”, afirmó Sheinbaum en la conferencia matutina.
La mandataria acusó al expresidente Carlos Salinas de Gortari de impulsar en 1992 una reforma que convirtió al agua en una mercancía, generando descontrol en las concesiones.
Reconociendo la creciente escasez de agua, Sheinbaum señaló la importancia de establecer un ordenamiento que garantice el acceso al vital líquido, permitiendo su concesión, pero sin mercantilizarlo.
Desde Palacio Nacional, Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que la Ley General de Aguas regula el artículo 4 de la Constitución, que establece que todas las personas tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles.
Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales incluyen la implementación de planes, programas y estrategias para garantizar este derecho, además de definir las competencias de los diferentes niveles de gobierno en materia hídrica y promover sistemas comunitarios de agua, coordinados por núcleos y comunidades indígenas.
Entre las novedades, la iniciativa prohíbe la transmisión de títulos de concesión entre particulares, elimina cambios en el uso de concesiones existentes y crea un Registro Nacional del Agua.
Asimismo, contempla un capítulo para combatir el mercado negro y el robo de agua, estableciendo sanciones para la explotación, extracción y traslado ilegal, así como para actos de corrupción en concesiones y desviaciones ilegales de caudales. Las penas incluyen multas y prisión de uno a 10 años, con persecución de oficio.
“El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un bien estratégico de la nación y como un derecho humano”, afirmó Morales.
Este conjunto de reformas busca devolver al agua su carácter de bien público y garantizar su acceso para todos los mexicanos.
