La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes ante el Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el fin de modernizar el sistema judicial mexicano, acelerar los procesos y fortalecer la confianza ciudadana en la impartición de justicia.
En la exposición de motivos, Sheinbaum destacó que en septiembre de 2024 se aprobó la reforma constitucional que permite la elección popular de jueces y magistrados, impulsando una reingeniería institucional en el Poder Judicial. Sin embargo, según el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, persiste la necesidad de reducir la impunidad y eliminar privilegios en el acceso a la justicia.
Entre los principales cambios, la iniciativa busca que notificaciones, promociones y resoluciones en juicios de amparo puedan realizarse de manera electrónica mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que ello impida a los ciudadanos presentar escritos en formato físico. Además, las autoridades deberán contar con perfiles digitales para interactuar en este sistema.
La reforma también regula los casos en los que se podrá otorgar la suspensión del acto reclamado en materia fiscal, financiera y penal. Por ejemplo, se excluyen de la suspensión los procedimientos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión de obligaciones fiscales existentes y delitos de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se establece que la suspensión no podrá limitar las facultades del Estado en temas de deuda pública ni bloquear el acceso a información financiera para combatir lavado de dinero.
En relación con el Código Fiscal de la Federación, se añaden causales de improcedencia para recursos contra actos que impliquen el pago de créditos fiscales firmes o sobre su prescripción. También, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa será reformada para excluir de su competencia los juicios relacionados con créditos fiscales dictaminados en resoluciones que hayan adquirido firmeza.
La propuesta establece un periodo de 360 días para que el Órgano de Administración Judicial adapte el Sistema Electrónico del Poder Judicial y 180 días más para que todas las autoridades del país creen sus perfiles digitales.
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