La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en la conferencia matutina que las expropiaciones anunciadas ayer por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, corresponden a propiedades adquiridas con recursos de procedencia ilícita, específicamente por lavado de dinero y corrupción.
Sheinbaum detalló que estas propiedades, compradas con recursos ilícitos, motivaron los procedimientos de expropiación. “Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema”, afirmó la mandataria.
Ayer, Sansores anunció la expropiación de 8.7 hectáreas en el fraccionamiento Miramar, en Campeche, pertenecientes a familiares y allegados del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno. Entre los predios declarados de utilidad pública se encuentran cuatro terrenos pertenecientes a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre de Moreno, así como a Juan José Salazar Ferrer, Rafael Arturo Castilla Azar y Gabriela Castillo Azar.
En su conferencia, Sheinbaum también comentó que se está considerando una reforma legal para acelerar los procedimientos de extinción de dominio, que actualmente son largos, incluso en casos relacionados con el crimen organizado y con delitos comprobados.
Al ser cuestionada si esto implicaría la aplicación de extinción de dominio en casos de corrupción comprobada, la mandataria respondió: “Pues sí, porque es lavado de dinero”.
Agregó que la demostración de vínculos con la corrupción o el uso ilícito de recursos debe ser establecida por un juez y que, cuando se compruebe que un inmueble fue adquirido con recursos públicos o mal habidos, puede procederse a la extinción de dominio.
Tras las declaraciones de Sheinbaum, Alejandro Moreno, líder del PRI y exgobernador de Campeche, señaló en redes sociales que los señalamientos en su contra son mentiras y calumnias diseñadas como distracción por MORENA. Moreno también advirtió que evaluará denunciar a Sheinbaum a nivel nacional e internacional por presunto abuso de poder y falsedad en los señalamientos.
El conflicto refleja la tensión política en torno a las acciones contra propiedades vinculadas con presuntas actividades ilícitas relacionadas con la corrupción en Campeche.
