La Resolución General Conjunta 5821/2026, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones en el régimen de documentación electrónica para el traslado de granos y derivados en México. Emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero junto con el Ministerio de Economía, esta norma actualiza los requisitos para la emisión y utilización de la Carta de Porte Electrónica, impactando la logística del sector agroindustrial y facilitando la gestión diaria del transporte terrestre.
La norma especifica cuándo es obligatoria la utilización de la carta de porte electrónica y en qué casos puede prescindirse de ella, considerando diferentes tipos de operaciones, como entregas directas en planta, traslados internos o de corta distancia. Estos ajustes buscan reflejar mejor la realidad operativa del sector, caracterizado por altos volúmenes, estacionalidad y dependencia del transporte terrestre, permitiendo reducir obstáculos administrativos sin comprometer los controles sobre el flujo de mercancías.
Además, la resolución afecta tanto a los traslados tradicionales de larga distancia como a los llamados 'fletes cortos', comunes en actividades productivas, acopios y plantas de acondicionamiento. La simplificación en los requisitos puede agilizar las operaciones diarias y disminuir demoras en movimientos locales o recurrentes.
La actualización también establece las responsabilidades en la emisión de la carta de porte electrónica en relación con el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), aclarando quiénes están habilitados para emitir los comprobantes y bajo qué condiciones. Desde la perspectiva de la trazabilidad, el esquema mantiene la vinculación entre la documentación digital y los registros oficiales, fortaleciendo la coherencia entre los datos declarados y la mercancía transportada, aspecto fundamental para la coordinación eficiente de la cadena logística.
Estas modificaciones forman parte de un proceso integral de digitalización de los flujos documentales en el sector agroindustrial, cuyo objetivo es mejorar la previsibilidad, ordenar los procesos y optimizar el control en rutas y áreas de carga. La norma, que entró en vigor el 10 de febrero de 2026, busca equilibrar el control regulatorio con la operatividad, adaptándose a la diversidad de tipos de traslado en el sector de granos y derivados en México.
Los cambios pretenden facilitar las operaciones logísticas, evitando demoras innecesarias y promoviendo una gestión eficiente en una de las cadenas productivas más relevantes del país, donde la eficiencia en transporte y documentación es clave para mantener el flujo sustentable de mercancías. La actualización respeta el marco regulatorio vigente y busca fortalecer la realidad operativa del sector agroindustrial mexicano.
