El síndico de Chapa de Mota, Antonio García Pérez, acusó a la presidenta municipal, María Guadalupe Franco Cruz, de falsificar su firma en el documento del presupuesto 2025 y de impedirle ejercer plenamente sus funciones. Además, denunció una irrupción no autorizada en su oficina, la omisión en la entrega de información pública y la remoción arbitraria del personal asignado a la sindicatura.
En entrevista, García Pérez señaló que una de las diez demandas que interpuso ante el Tribunal Electoral del Estado de México ya fue favorable a su favor. En ella, se confirmó que la alcaldesa omitió entregarle el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2025 para su revisión y firma, como lo marca la Ley Orgánica Municipal. El Tribunal ordenó que se le proporcionara el documento, considerando que se vulneraron sus derechos político-electorales.
El síndico explicó que esta omisión le impidió cumplir con su función legal de fiscalizar los recursos públicos y descubrió que su firma fue colocada sin su consentimiento para validar el presupuesto. Relató que, durante una de sus ausencias, su ex secretaria fue presionada por personal del ayuntamiento para firmar y sellar documentos; al negarse, la presidenta municipal habría ingresado personalmente a la oficina de la sindicatura en busca del sello institucional.
García Pérez afirmó que este acto violó la inviolabilidad del espacio oficial y dijo que evalúa presentar una denuncia penal. También anunció que notificó la falsificación de su firma ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Actualmente, otras siete demandas están en curso, relacionadas con la falta de entrega de documentos como la nómina actualizada, pagos por laudos y finiquitos, desglose de recursos federales y estatales recibidos en los primeros meses del año, así como el presupuesto asignado a la sindicatura.
Asimismo, informó que su oficina carece de personal de apoyo, ya que algunos trabajadores fueron removidos sin notificación y otros renunciaron por el ambiente de presión, lo que ha limitado funciones como la asesoría jurídica, vigilancia patrimonial y control presupuestal.
García Pérez aseguró que su actuación está respaldada por la ley y que la sindicatura no debe ser anulada ni marginada por decisiones administrativas. Reiteró que no se trata de un conflicto político, sino de una defensa institucional contra una estrategia de exclusión.
Finalmente, solicitó a la presidenta municipal y al resto del Ayuntamiento garantizar el acceso a la información, respetar la legalidad y reconocer la función constitucional del Cabildo.
