En el Estado de México, la constante presión sobre los ministerios públicos afecta su capacidad de atención y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 la entidad registró 324,330 delitos del fuero común y contó con una plantilla aproximada de mil 47 agentes y fiscales, lo que resulta en una carga promedio de 309.9 delitos por servidor público durante ese año.
Este dato, incluido en el estudio más reciente sobre procuración de justicia, posiciona al Estado de México como uno de los estados con mayor saturación en el país. La cifra de delitos por agente coloca a la entidad en el quinto lugar nacional, solo detrás de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Campeche. En promedio, cada fiscal mexiquense debió atender más del doble de casos en comparación con la media nacional, que fue de 152.7 delitos por agente.
Detrás de estos números se encuentran oficinas con expedientes acumulados, investigaciones lentas y víctimas que deben esperar semanas para una cita o respuesta. La carga de trabajo no se distribuye uniformemente, siendo mayor en municipios como Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde la incidencia delictiva es más alta. En comunidades pequeñas del sur y el norte del estado, la situación se agrava aún más, ya que una sola persona puede cubrir varios turnos y temas distintos.
A nivel nacional, las fiscalías estatales reportaron 2 millones 161 mil delitos en 2023, en comparación con 80 mil 169 en las instancias federales, que registraron una carga promedio de 23.5 delitos por agente. Esta diferencia refleja la desigualdad entre ambos niveles en la procuración de justicia.
La saturación y el exceso de trabajo también impactan la percepción ciudadana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, solo el 57% de los adultos confía en las fiscalías estatales, mientras que el 64.5% confía en la Fiscalía General de la República. En 28 estados, incluido el Estado de México, el nivel de confianza en la Fiscalía Federal supera al de las autoridades locales.
Este panorama confirma un patrón que el propio INEGI señala: mayor carga laboral suele asociarse con menor confianza social. La situación en el Estado de México influye en la atención a las víctimas, los tiempos para resolver casos y el seguimiento de las denuncias, factores que acentúan la desconfianza en el sistema.
El estudio revela que en las fiscalías estatales trabajan aproximadamente 58,785 personas, de las cuales el 24.1% son agentes y fiscales, el 28.6% policías ministeriales y el 8.2% personal pericial. En el Estado de México, la mayor parte del personal se dedica a tareas de trámite y atención básica, lo que limita las capacidades de investigación y contribuye a la lentitud en los procesos.
Cada fiscal debe coordinar diligencias, asistir a audiencias, revisar expedientes, preparar informes y hacer seguimiento a procesos judiciales, en muchas ocasiones sin suficiente apoyo. Esta carga sostenida provoca demoras y una percepción de ineficacia social, a pesar de que las plantillas han aumentado en los últimos años.
A pesar de la digitalización de algunos trámites y la apertura de nuevas agencias, la brecha entre delitos denunciados y capacidades de investigación sigue siendo amplia, afectando la confianza ciudadana. El reporte del INEGI recalca que el Estado de México enfrenta una de las presiones más fuertes en la procuración de justicia, con una carga que supera la media nacional y una confianza pública que aún no se recupera.
