Hasta la fecha, menos del 50% de los bienes estatales y municipales han sido desincorporados, según evidencia un informe reciente. Este proceso, que busca la transferencia de activos públicos a la iniciativa privada o su venta, ha avanzado de manera limitada en varias regiones del país. Autoridades destacan la importancia de acelerar estos procedimientos para optimizar recursos y promover una gestión más eficiente del patrimonio público, aunque aún enfrentan obstáculos administrativos y normativos que dificultan el cumplimiento de las metas establecidas.
