El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo descartó tramitar una solicitud de Family Cash para reabrir un supermercado clausurado por la Xunta el pasado 14 de octubre. Pese a ello, el establecimiento pudo reabrir este viernes tras una nueva inspección de Sanidad en la que se corrigieron las deficiencias detectadas. La problemática se originó cuando inspectores sanitarios verificaron graves problemas higiénicos en el hipermercado, incluyendo presencia de excrementos de roedores en distintas áreas, un roedor vivo en la zona de lácteos, heces de aves en el almacén y múltiples agujeros en las paredes, lo que indicaba una plaga activa que representaba un riesgo para la salud pública. Como resultado, la Xunta ordenó la suspensión provisional de las actividades en varias secciones del supermercado, como la carnicería, pescadería y restauración. Family Cash argumentó urgencia y perjuicio económico por el cierre y solicitó medidas cautelares para reabrir el establecimiento mientras se resolvía el asunto. Sin embargo, la jueza Olalla Díaz Sánchez determinó que la solicitud no cumplía con los requisitos legales, ya que no se demostraron los supuestos de inmediatez o urgencia necesarios para medidas cautelares previas, y por lo tanto, no se admitió a trámite. La resolución afirma que la intervención de la Xunta, basada en la detección de plaga activa de roedores, excrementos en diferentes zonas, presencia de animales vivos y deficiencias estructurales, se sustentaba en hechos objetivos que justificaban la suspensión para proteger la salud pública. Aunque el supermercado reabrió tras subsanar las deficiencias, la jueza aclaró que esto fue resultado del levantamiento administrativo de la suspensión, no de una decisión judicial. Family Cash estimó que el cierre le ocasionó pérdidas superiores a 30,000 euros, pero ello no influyó en la decisión judicial. La medida de cierre permanece vigente, ya que la autoridad sanitaria actuó en base a evidencias claras de riesgo sanitario.
