La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) planea discutir en agosto la resolución sobre la legalidad de la prisión preventiva oficiosa, a pesar de las solicitudes del Gobierno federal para que se abstenga de analizar el tema. La discusión está programada inicialmente para el 5 de agosto en la penúltima sesión de la actual integración del máximo tribunal.
Fuentes cercanas a la Corte informaron a El Sol de México que el proyecto del ministro Jorge Pardo será presentado en esta sesión. La propuesta contempla que los jueces puedan analizar cada caso individualmente, decidir si una persona debe ser enviada automáticamente a prisión y exigir a las fiscalías que documenten los motivos de la detención.
Esto ocurre después de que, mediante un escrito dirigido a la ministra presidenta Norma Piña, Armando Jiménez, consejero adjunto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, solicitara que se retire el proyecto debido a la relevancia del criterio que se establecerá. Jiménez argumentó que, dado que en septiembre de 2025 tomarán protesta los ministros electos por voto popular, no debería analizarse aún la resolución relacionada con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a México dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa.
El documento también señala que el proyecto, entregado en 2023, podría aprobarse con solo seis votos, ya que no requiere mayoría calificada, que sería de ocho votos. La propuesta está listada entre los asuntos pendientes, específicamente en el número 13, en una agenda limitada a siete sesiones restantes.
Este tema representa uno de los pronunciamientos más relevantes aún por resolver en la actual conformación de la Corte. Sin embargo, ha sido aplazado ante las presiones del Gobierno federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Fiscalía General de la República (FGR), que han solicitado su retraso.
