Sur Finanzas: empleados detenidos reconocen órdenes para borrar pruebas y la justicia les ofrece colaborar para reducir penas

14/02/2026 02:00 | 3 min de lectura

Sur Finanzas: empleados detenidos reconocen órdenes para borrar pruebas y la justicia les ofrece colaborar para reducir penas

El Juzgado Federal de Lomas de Zamora, encabezado por Luis Armella, ofertó acuerdos penales a cuatro empleados de Sur Finanzas, quienes están imputados por destrucción de pruebas y encubrimiento en una causa que investiga maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal relacionadas con la financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia. Los detenidos, quienes aún permanecen bajo arresto, fueron informados sobre la posibilidad de acogerse a la ley de imputado colaborador, que contempla la reducción de pena para quienes aporten información precisa, veraz y comprobable que ayude a esclarecer delitos y detener a responsables de mayor jerarquía, incluyendo a figuras vinculadas al fútbol argentino.

Las cuatro nuevas imputaciones corresponden a empleados de la estructura interna de Sur Finanzas, involucrados en acciones destinadas a encubrir y falsificar pruebas antes de los allanamientos realizados el 1 de diciembre de 2025. Entre los detenidos se encuentran Juan Miguel Soler, técnico en sistemas; César Zapaia, oficial de cumplimiento; Daniela Sánchez, secretaria privada de Ariel Vallejo; y Rolando Soloaga, jefe de seguridad y conductor.

La justicia atribuye a estos empleados un rol activo en maniobras de ocultamiento, que incluyen mensajes para borrar información y retirar equipos informáticos, en el contexto del operativo para desmantelar la presunta 'cueva financiera' vinculada al fútbol argentino. Según informó Infobae, la investigación señala que las acciones habrían formado parte de un plan interno para eliminar registros, desactivar programas y evitar que la causa avanzara.

El expediente también detalla que, tras los allanamientos, los empleados habrían coordinado operaciones para resguardar y ocultar elementos tecnológicos, incluyendo computadores y teléfonos utilizados por los empleados, además de realizar acciones para desconectar programas y eliminar evidencias en las computadoras. En sus declaraciones, algunos reconocieron haber escondido dispositivos y aceptaron haber coordinado tareas para evitar que la policía encontrara pruebas.

César Zapaia y Juan Miguel Soler, además de ser imputados por la destrucción de evidencia, habrían participado en chats donde se solicitaba borrar registros y desconectar programas en las computadoras de los cajeros y otras oficinas, para impedir que la justicia accediera a información relevante. La fiscalía también detectó instrucciones de coordinar movimientos en las sucursales y realizar guardias en los estacionamientos para asegurar la seguridad de las camionetas vinculadas a la organización.

Por su parte, Daniela Sánchez y Rolando Soloaga, quienes también permanecen detenidos, estarían implicados en órdenes de destruir evidencia y mantener informada a la organización sobre la presencia policial en distintos puntos, además de coordinar retiradas de capital y removimiento de objetos relacionados con las actividades ilícitas.

En los allanamientos realizados, la policía secuestró una gran cantidad de dispositivos electrónicos, documentación, dinero en efectivo en varias monedas y objetos de valor en domicilios particulares y sedes de empresas vinculadas a la causa. Entre los objetos se encontraban computadoras, teléfonos, pasaportes, documentación bancaria y notas manuscritas. La investigación continúa, y los detenidos aún tienen la opción de declarar en favor de la justicia, lo que podría acelerar su reducción de penas y avanzar en la posible implicación de figuras de alto nivel, como Ariel Vallejo y Claudio 'Chiqui' Tapia, en las operaciones ilícitas vinculadas a Sur Finanzas y el fútbol argentino.

El avance de la causa apunta a un esquema de corrupción financiero vinculado al fútbol, en el que también estarían involucrados otros empleados y empresarios, en un entramado que la justicia busca desentrañar en los próximos meses.

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