Aunque la demanda principal de los concesionarios es un aumento en la tarifa del transporte público de cuatro pesos, la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) advirtió que este ajuste no resolverá la crisis actual. El problema de fondo, señaló, es la falta de orden en las calles y la competencia desleal de unidades irregulares.
Así lo expresó Odilón López Nava, delegado de Canapat en el Estado de México, quien explicó que las quejas de las empresas no se limitan al tema tarifario, sino que también incluyen la necesidad de mejorar la regulación y la infraestructura.
En ese contexto, resaltó que la reunión entre autoridades estatales y presidentes de líneas del Valle de Toluca concluyó con un acuerdo para establecer una mesa de trabajo permanente, orientada a atender las problemáticas del sector. Esta iniciativa surgió tras el anuncio de 30 empresas concesionarias de realizar un paro y bloqueos en diferentes puntos del valle.
López Nava declaró en entrevista con El Sol de Toluca que existe un ‘desorden’ en la operación del transporte, donde conviven autobuses concesionados, vagonetas escolares usadas como colectivos y taxis sin permisos, generando una competencia desleal que afecta tanto a transportistas como a usuarios.
Entre las demandas principales se incluyen la creación de parabuses, infraestructura para ascenso y descenso de pasajeros, cromática identificatoria de las líneas y la implementación de sistemas de prepago. Además, se pidió regular programas de chatarrización, capacitación formal para operadores y un rol más fuerte de la Secretaría de Movilidad en la regulación, en coordinación con otras dependencias.
López Nava señaló que ‘el problema del transporte no se resolverá solo con un incremento en la tarifa’, pues es necesario ordenar las calles y combatir la informalidad. En su opinión, la gobernadora del Estado de México busca una administración diferente, segura y digna, pero esto no será posible solo con tarifas elevadas.
El representante empresarial afirmó que si se aplicaran operativos efectivos contra las unidades pirata y se detenía la fuga de capital que representan estas unidades ilegales, incluso se podría evitar un aumento drástico en el pasaje.
‘Con orden en las calles, tal vez no sería necesario subir mucho la tarifa, e incluso podría disminuirse’, expresó.
Actualmente, los usuarios enfrentan tarifas de hasta 30 pesos en servicios irregulares, sin garantías de seguridad ni calidad, por lo que el Estado debe intervenir para ordenar el sector.
‘La capital no puede tener ciudadanos de segunda; necesitamos un transporte que esté a la altura de sistemas como los del Valle de México y la zona oriente’, añadió.
De las 31 empresas del sector en el Valle de Toluca, participó el 93%, lo que refleja la disposición del gremio a buscar soluciones en conjunto con el gobierno.
El resultado inmediato fue la instalación de una mesa de trabajo permanente, que dará seguimiento a las demandas y compromisos tanto de concesionarios como de autoridades.
Sobre posibles movilizaciones futuras, López Nava afirmó que no es una amenaza, sino una forma de exigir que la situación se tome en serio. Si algún grupo no cumple, serán los propios presidentes de las líneas quienes decidan las acciones a seguir.
El gremio sostiene que la actualización de tarifas es urgente, ya que no se ha modificado en más de cinco años. Sin embargo, advierten que sin un ordenamiento integral, los problemas de inseguridad, infraestructura deficiente y competencia desleal seguirán agravando la crisis del transporte público y afectando a los usuarios.
