El Tribunal Electoral del Estado de México resolvió en su sesión más reciente un total de 15 impugnaciones relacionadas con procesos electorales y derechos de participación política, incluyendo juicios de ciudadanía local y recursos de apelación. La mayoría de los casos fueron desestimados por falta de pruebas o por haber sido presentados fuera de los plazos legales; sin embargo, algunos casos fueron favorables a los demandantes al encontrar violaciones a los principios de legalidad y equidad.
De los 15 asuntos analizados, 9 se resolvieron confirmando los actos impugnados, manteniendo los resultados electorales o decisiones de las autoridades responsables, debido a la ausencia de irregularidades acreditadas por los promoventes.
En el expediente JDCL 209/2025, relativo a la elección de autoridades auxiliares en Tequisistlán, Tezoyuca, los magistrados confirmaron los resultados electorales, ya que la demandante no presentó pruebas suficientes sobre las acusaciones de compra de votos, acarreo de votantes y proselitismo fuera de los periodos permitidos. El Tribunal determinó que las constancias del expediente no demostraron inequidad en favor de la planilla ganadora.
En el caso identificado con el expediente RA 4/2025, la directora de Educación en Rayón, Diana Navas Sánchez, interpuso un recurso de apelación que fue declarado improcedente, ya que su cargo no deriva de elección popular, sino de nombramiento administrativo, por lo cual carecía de interés legítimo en materia electoral. El Tribunal coincidió con el Instituto Electoral en que los hechos denunciados no guardaban relación con procesos electorales.
Los juicios JDCL 236 y 237/2025, relacionados con elecciones en La Paz, fueron acumulados y resueltos de manera conjunta. El primero fue desestimado al no combatir todas las causales de desechamiento, y el segundo fue rechazado por presentar la demanda fuera del plazo legal, ya que el promovente confirmó haber conocido los hechos con anticipación, pero presentó la impugnación de manera extemporánea.
En el expediente JDCL 196/2025, el Tribunal anuló la elección del representante indígena en Jilotepec, al comprobarse la vulneración de derechos de participación política de la demandante, una mujer indígena, a quien se le impidió participar injustificadamente. La resolución ordenó repetir la elección garantizando el respeto a los derechos de las comunidades originarias, incluyendo la traducción de documentos a lenguas indígenas.
En el caso de JDCL 198/2025 en Ecatepec, los magistrados revocaron la validez de la elección en el fraccionamiento Las Américas, por emitir la acto cuatro días antes de lo establecido en la convocatoria oficial, constituyendo una irregularidad que afectó la certeza del proceso.
El juicio JDCL 133/2025 estableció un precedente en transparencia, ordenando al Tesorero Municipal de Aculco proporcionar información detallada sobre altas y bajas de personal solicitada por los regidores, argumentando que dicha información es esencial para el ejercicio de sus funciones de fiscalización y que negar el acceso vulnera el derecho a la información pública.
En los casos acumulados JDCL 206 y 233/2025, el Tribunal reconoció a Graco Ernesto Albarán González como representante legítimo del pueblo otomí en Almoloya de Juárez, debido a que fue el único aspirante con mayoría de votos. Además, se confirmó el proceso para la comunidad mazahua, ya que se cumplió con la difusión de la convocatoria en su lengua y la realización de las asambleas comunitarias requeridas.
Finalmente, en el juicio JDCL 214/2025, relacionado con elecciones en Naucalpan, el Tribunal protegió el derecho de acceso a la justicia al detectar que hubo una omisión grave al no notificar personalmente a la demandante una resolución importante. Si bien se confirmaron los resultados electorales, el fallo subrayó la obligación de las autoridades de respetar el debido proceso en todos los actos electorales.