Desde la noche del lunes, los accesos federales en el sur del Estado de México permanecen cerrados tras una serie de operativos liderados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en colaboración con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Estos procedimientos incluyeron cateos, clausuras de negocios de materiales de construcción y detenciones de transportistas vinculados a sindicatos del sector.
En respuesta, habitantes y trabajadores de municipios como Valle de Bravo, Tejupilco, Tlatlaya y Temascaltepec bloquearon vialidades principales. Además, en San Pedro Limón, residentes retuvieron a aproximadamente 60 agentes de distintas corporaciones durante uno de los operativos.
Aunque la autopista a Valle de Bravo fue reabierta, varias rutas federales y estatales siguen cerradas, afectando la movilidad regional, el transporte de mercancías y el acceso a destinos turísticos. Este martes, continúan bloqueadas la carretera Toluca-Valle por Los Saucos, en la zona de El Fresno y en los accesos a Temascaltepec a la altura de San Francisco Oxtotilpan. En Tejupilco, tanto camioneros como taxistas mantienen cerradas las entradas al municipio.
Las protestas han generado impacto en la circulación y en la economía local, con los manifestantes advirtiendo que mantendrán los bloqueos hasta obtener respuestas claras por parte de las autoridades federales y estatales.
Las operaciones buscan localizar puntos de venta de materiales de construcción vinculados presuntamente al crimen organizado y se enfocan en investigar redes de extorsión, acaparamiento y manipulación de precios en productos como grava, arena, tabique y cemento, fenómenos ya documentados en otros sectores como el avícola, especialmente en el caso del pollo.
Esta intervención también ha incluido el cierre de negocios que operan sin licencia o con sospechas de protección criminal. En Valle de Bravo, los habitantes han denunciado que los precios de materiales pétreos han aumentado hasta en un 300%, y que algunos sindicatos imponen cuotas y condiciones arbitrarias para la entrega de insumos.
Una de las acciones en Tejupilco fue la clausura de una bodega utilizada como centro de almacenamiento para productos de Mercado Libre, en el libramiento de la colonia Hidalgo, ante la incertidumbre sobre el destino de la mercancía y el hermetismo de las autoridades.
El gobierno municipal de Valle de Bravo afirmó que el operativo fue impulsado por sindicatos de transportistas, y que notificó de inmediato a las instancias estatales para atender la situación. Hasta ahora, no se ha informado si alguna de las personas detenidas ha sido presentada ante un juez.
Ni la FGJEM ni el gobierno estatal han emitido un balance oficial, lo que ha incrementado la tensión entre quienes apoyan las acciones, argumentando que responden a denuncias ciudadanas, y quienes temen una criminalización de comerciantes o una escalada en violencia institucional.
Mientras los bloqueos persisten, las comunidades demandan que las acciones contra el crimen no afecten a los negocios legales y que se respeten los derechos humanos. Versiones no oficiales señalan que el regidor Diego Jiménez, propietario de uno de los negocios intervenidos, podría estar involucrado en los operativos.
