La Corte Suprema de Justicia ha centrado la atención en el caso del exsenador Carlos Ferro Solanilla, del Partido de la U, quien enfrentará un proceso judicial por presuntamente exigir dinero a un empleado de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). La investigación se apoya en registros bancarios y testimonios que conforman las principales pruebas del caso, en un documento de 80 páginas citado por Cambio.
Según los hallazgos, la solicitud de dinero por parte del exsenador a Roque Julio Díaz Pinzón, empleado de su UTL, se realizó aprovechando la necesidad del trabajador de cumplir con semanas cotizadas para obtener su pensión de vejez. La Corte detalla que esta circunstancia imposibilitaba que Díaz Pinzón negociara la devolución de su salario, ya que no había voluntad libre para disputarle al exsenador la pretensión de cobrar.
Entre marzo de 2007 y agosto de 2010, Díaz Pinzón retiró dinero de su salario y lo transfirió a terceros, principalmente a Luis Enrique Jaramillo Quintero y Diana Galeano. Los movimientos bancarios muestran que, en enero de 2010, Díaz retiró 2.100.000 pesos y transfirió esa suma a Jaramillo Quintero, a quien previamente había enviado 3 millones de pesos en diciembre de 2009, continuando con estos depósitos hasta agosto del mismo año.
Asimismo, en los meses de febrero, marzo y mayo, las transferencias ascendieron a 6.300.000 pesos, mientras que en julio fueron otros 1.000.000. La declaración de Díaz ante la Corte confirma que el exsenador le proporcionaba los nombres y las cuentas para realizar estos depósitos, presuntamente en complicidad con el empleado acusado.
