La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), con sede en Metepec, fue tomada por un grupo autodenominado colectivo Holy Yash, en una acción que ha causado controversia. Desde afuera del inmueble, fueron colocadas lonas rosas que denuncian la presunta desaparición forzada y agresión sexual de una menor de 12 años —identificada como Holy Yash— durante el Operativo Rastrillo realizado en Chimalhuacán en 2019, acusando la participación de elementos del Ejército y policías de los tres niveles de gobierno.
El caso se remonta a 2019, cuando la menor fue supuestamente interceptada al salir de su clase de gimnasia durante un operativo de seguridad en la zona oriente del Estado de México. La madre de Holy, Irene, afirmó que su hija permaneció cuatro días desaparecida y fue encontrada con signos de agresión sexual.
Desde entonces, la familia ha denunciado que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se ha negado a reconocer a Holy como víctima directa, pese a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que ordena investigar y sancionar a los responsables.
‘Mi hija fue víctima de desaparición forzada y tortura sexual por policías de los tres niveles de gobierno. Estoy pidiendo justicia porque la Fiscalía no quiere darle la calidad de víctima y la Comisión de Atención a Víctimas nos desconoce, pese a la recomendación’, expresó Irene durante la toma del lugar.
Irene también denunció amenazas, la quema de su vivienda y una campaña de desprestigio en redes sociales, además de señalar que la CEAVEM no le ha otorgado el reconocimiento de víctima por falta de documentación adecuada.
La protesta provocó rechazo entre otros grupos de víctimas con registro oficial ante la CEAVEM. Estos advirtieron que la acción pone en riesgo sus expedientes y limita su acceso a la justicia, además de acusar a Irene de intentar obtener un registro irregular, incluso amenazando con quemar expedientes.
Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Quintana, víctima de feminicidio, cuestionó que la toma se realizara sin reconocimiento oficial de la Fiscalía, y advirtió que la acción vulnera la seguridad de otras familias y expone datos confidenciales.
Por su parte, colectivos como Madres que Luchan A.C., Luciérnagas Buscadoras MX y la Escuelita Comunitaria de Artes y Derechos Humanos Gertrudis Bocanegra exigieron la restitución del inmueble, protección de la información sensible y que la Comisión sirva únicamente a las víctimas legalmente reconocidas.
‘La Comisión de Víctimas es para las víctimas que buscamos verdad, justicia y memoria, no para quienes buscan lucrar con ella’, indicaron en un pronunciamiento.
Mientras las lonas, muñecas y pintas permanecen en la fachada, la confrontación entre víctimas reclamantes y colectivos que acusaron abusos mantiene cerradas las oficinas, afectando la atención a miles de casos de feminicidio, homicidio, desaparición y violencia en el Estado de México.
