La situación en Petroperú S.A. se agudiza tras la promulgación del Decreto de Urgencia 010-2025 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que encarga a Proinversión la gestión del proceso de privatización de unidades estratégicas y contempla recortes de empleo. La norma, publicada el 31 de diciembre pasado, ha generado preocupación entre los empleados, quienes acusan a la actual administración, liderada por Elba Rojas Álvarez, de bloquear el diálogo y no dar información clara sobre las decisiones que afectan a la empresa.
El Decreto de Urgencia 010-2025 permite que Proinversión gestione la incorporación de capital privado en áreas clave de Petroperú, como la Refinería de Talara, uno de los activos más importantes del sector energético nacional. La medida también implica recortes de personal y la posible fragmentación de la compañía en segmentos que podrían quedar bajo administración privada, advirtió el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP).
En un comunicado, el sindicato destacó que la actual situación económica y operativa de Petroperú afecta su estabilidad, imagen institucional y el futuro laboral de aproximadamente 1,000 empleados. Además, denuncia que, desde la llegada de Rojas Álvarez a la presidencia del directorio, no se ha establecido ningún canal oficial de comunicación con los trabajadores ni sus dirigentes, y que la autoridad no ha visitado las operaciones para evaluar el estado de los activos estratégicos.
El STAPP criticó duramente la falta de diálogo y transparencia, señalando que una gestión sin conocimiento directo de las operaciones ni participación de los empleados debilita la capacidad de la empresa para encontrar soluciones reales. Entre sus demandas, solicitan la apertura de un espacio formal que facilite la participación, la rendición de cuentas y el intercambio de información verificada sobre las decisiones que se tomaron.
El sindicato reafirmó su compromiso con la defensa de Petroperú como empresa estratégica del país y exigió una conducción técnica y transparente. Recalcaron que el futuro de la empresa no debe determinarse sin la participación activa de sus trabajadores, y condenaron la falta de información y cronogramas claros proporcionados por la actual gestión.
En un comunicado difundido el 6 de febrero de 2026, el STAPP enfatizó que "la transparencia y la participación no son opcionales en tiempos de crisis" y pidió la instalación inmediata de un espacio formal para el diálogo y la rendición de cuentas, ante una situación que se agrava por las decisiones de segmentación y transferencia de activos al sector privado, dejando en incertidumbre el destino de Petroperú.
