Este sábado por la tarde, profesionales y técnicos del Hospital Garrahan realizarán una caravana desde el Congreso Nacional hasta la Quinta Presidencial de Olivos para reclamar la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario. La movilización comenzará a las 14:30, partiendo del Congreso y atravesando Avenida Callao, Santa Fe, Cabildo, Maipú y Malaver, según informó la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT). La convocatoria busca que el gobierno lleve adelante estas leyes, que ya fueron sancionadas, pero aún no se aplican, y que consideran prioritarias para la infancia, la discapacidad y la educación superior. "Por las infancias, la discapacidad y la universidad, las leyes que se aprueban deben cumplirse. Si no, haremos ruido y plantearemos juicio político", expresó Norma Lezana, licenciada en Nutrición y representante de APyT. La consigna central será exigir la "aplicación inmediata y efectiva" de las leyes, y alertan que hay recursos, pero las prioridades políticas los dejan de lado. Desde la organización señalaron: "Plata hay, el problema son las prioridades. Si el presidente y su gobierno no escuchan, iremos hasta Olivos para que nos atiendan". La movilización contará con un ruidazo abierto a toda la comunidad, invitando a participar con autos, motos, bicicletas u otras formas de transporte. Desde APyT expresaron: "Vengan con su auto, moto, bici o como puedan. Hoy estamos todos por el Garrahan, por la discapacidad y por la universidad pública". Cristina Alonso, integrante de la Comisión Directiva de APyT, afirmó que si bien celebran la sanción de las leyes, el Gobierno no ha mostrado intención de implementarlas. "Lo hemos hecho democráticamente, con apoyo social, y ahora nos movilizamos de una forma original para no dejarlos tranquilos", sostuvo. En diálogo con Infobae, Alonso, doctora en Bioquímica y jefa del área de Laboratorios Especializados, explicó que el reclamo surgió de familiares de pacientes y espera una amplia convocatoria debido a la transversalidad del tema. Además, advirtió que la falta de financiamiento ha deteriorado la calidad del servicio, con equipos incompletos y atrasos en los turnos, debido a la renuncia de profesionales, incluyendo becarios. La problemática impacta directamente en la atención del hospital. Paralelamente, un sector del personal del Garrahan impulsa un paro total para el martes 21 de octubre, la última fecha para que el Poder Ejecutivo promulgue la ley de emergencia en salud pediátrica. La medida, decidida por asamblea, funciona como un ultimátum ante la falta de acción oficial. Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, criticó que, pese a la aprobación en ambas cámaras y la autorización tras el veto presidencial, el gobierno no haya implementado la ley. Señaló que ese día será el último plazo para que el gobierno de Javier Milei actúe, y advirtió que no hay más excusas tras varias votaciones con mayorías contundentes. La movilización también denuncia el uso de recursos públicos, señalando que la excusa de la falta de fondos es insostenible, dado que la ley especifica de dónde obtenerlos y que el gobierno destina recursos a otras prioridades de forma sistemática. En cuanto a las mejoras salariales logradas en movilizaciones recientes, Gerardo Oroz, dirigente de ATE, afirmó que los bonos de 350,000 y 450,000 pesos serán permanentes, y que estas conquistas son resultado de huelgas, asambleas y marchas. También resaltó que la recomposición salarial al nivel de noviembre de 2023 es un mandato legal, y advirtió que si el gobierno intenta desconocer derechos laborales, estarán dispuestos a intensificar la lucha.
