El 5 de junio de 2009, la Guardería ABC ubicada en Hermosillo, Sonora, fue escenario de una tragedia que dejó 49 menores fallecidos y 104 lesionados, después de que una bodega contigua se incendiara por un sobrecalentamiento de un aire acondicionado. La bodega, que almacenaba cinco toneladas de documentos de la Secretaría de Hacienda de Sonora, fue el origen del fuego, pero las condiciones inseguras de la guardería agravaron la situación: carecía de salidas de emergencia, las puertas se abrían hacia adentro, le faltaban extintores y su techo era de material inflamable. La mayoría de los niños, de entre cinco meses y cinco años, murieron principalmente por asfixia, pese a los intentos, incluyendo el de un hombre que impactó su vehículo en un esfuerzo por liberar a los menores. En septiembre de 2024, el Gobierno Federal emitió un decreto para otorgar pensiones vitalicias a los padres de los bebés fallecidos, menores afectados y adultos lesionados por quemaduras o inhalación de humos tóxicos que les impiden continuar trabajando. La investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reveló que la guardería no cumplía con requisitos básicos de seguridad, como detectores de humo, rutas de evacuación, extintores adecuados y salidas de emergencia. Este incumplimiento llevó a la judicialización de diversas personas, de las cuales 19 fueron sentenciadas penalmente, y solo una permanece en prisión. En mayo de 2016, un juez en Sonora condenó a entre 20 y 29 años de prisión a 19 funcionarios y representantes del centro infantil, incluyendo a la entonces jefa del Departamento de Guarderías del IMSS, Noemí López Sánchez, condenada a 29 años y a pagar multas y reparación del daño. Otros condenados incluyen al delegado estatal del IMSS, Arturo Leyva Lizárraga; la representante legal, Sandra Lucía, quien huyó a Estados Unidos en agosto de ese año, y a varios funcionarios municipales y estatales. La Fiscalía General de la República trabaja en la extradición de Sandra Lucía desde Tucson, Arizona.
