La modernización del transporte público en el Estado de México requiere de orden, aplicación efectiva de la ley y condiciones económicas justas para ser verdaderamente efectiva, advirtió Odilón López Nava, líder de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en la entidad. López Nava valoró positivamente la norma estatal que busca migrar el cobro del pasaje a mecanismos digitales, considerándola un paso hacia la formalidad y transparencia en el sector.
No obstante, enfatizó que sin una verdadera aplicación de la ley, los avances tecnológicos quedarán solo en discurso. Denunció que la movilidad en el Estado de México sigue marcada por la anarquía, con miles de unidades irregulares operando sin concesión ni supervisión, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y afecta la economía de los transportistas formales.
"El artículo 148 del Código Penal establece claramente que quien preste servicio público sin autorización comete un delito, pero esa norma no se aplica. Es necesario que las autoridades hagan valer las leyes, y los legisladores deben promover un cumplimiento efectivo", afirmó.
Agregó que la formalización del transporte implica no solo adoptar nuevas tecnologías, sino también fortalecer la autoridad y la responsabilidad compartida, exhortando a la Secretaría de Movilidad a ejercer su función reguladora, retirar concesiones a quienes incumplen y dar certidumbre a las empresas que operan conforme a las leyes.
"Apoyamos la innovación y los pagos electrónicos, pero todo debe basarse en la legalidad. Sin un Estado de derecho sólido, el transporte público no podrá avanzar. Lo que pedimos es orden, claridad y condiciones dignas para seguir trabajando", puntualizó.
López Nava también hizo un llamado a las autoridades para enfrentar la informalidad, señalando que el crecimiento de vagonetas, mototaxis y taxis colectivos representa una competencia desleal y peligrosa.
"Todos tienen derecho a una movilidad segura, en unidades formales, con empresas sólidas y empleos sostenibles. La economía clandestina no puede seguir creciendo a costa de la legalidad", advirtió.
Reconoció la postura de la gobernadora del Estado de México, quien, afirmó, ha mostrado firmeza al exigir resultados a las dependencias responsables de movilidad, y confió en que su administración logrará cumplir con los compromisos y corregir años de abandono institucional.
Asimismo, informó que el gremio transportista lleva ocho años sin una actualización tarifaria, situación que se ha vuelto insostenible, especialmente con el precio del diésel que ya supera los 26 pesos por litro y los incrementos en refacciones, llantas y mantenimiento. Insistió en que el Instituto del Transporte emita un dictamen técnico para ajustar las tarifas.
Los transportistas han solicitado una tarifa adicional de cuatro pesos, pero la autoridad plantea solo dos, lo que no cubre el rezago ni garantiza condiciones dignas de servicio. "No se trata de amenazar con paros, sino de que las condiciones económicas ya no permiten sostener el servicio. No podemos seguir regalando nuestro trabajo", afirmó.
Por último, destacó que los concesionarios mexiquenses no reciben subsidios, a diferencia del sistema de transporte en la Ciudad de México o el Mexibús, y subrayó que en el Estado de México se sostienen meramente con su trabajo, por lo que exigieron reglas claras y competencia pareja.
