El Juzgado del Primer Distrito Judicial de Campeche ordenó a la empresa Organización Editorial del Sureste S.A. de C.V., propietaria del periódico Tribuna de Campeche, y a su ex director, Jorge Luis González Valdez, pagar dos millones de pesos por daño moral a favor de Walther David Patrón Bacab, actual titular de Comunicación Social del gobierno estatal.
La juez Maribel Beltrán Valladares declaró de forma solidaria a ambas partes responsables del pago tras una serie de publicaciones en 2022 que Patrón Bacab responsabilizó al periódico y a su ex director. La decisión fue notificada personalmente a los implicados.
González Valdez, quien dejó su cargo en 2017 y actualmente sólo conduce un programa de televisión digital en Facebook, aclaró que no mantiene responsabilidad empresarial con las empresas relacionadas, como el periódico Tribuna de Campeche, que dejó de circular hace más de un año, ni con Crónica de Campeche y la televisora Telemar.
Por otro lado, la gobernadora Layda Sansores San Román presentó una queja ante las autoridades contra González Valdez y la misma empresa por incitación al odio, delito que podría conllevar hasta dos años de prisión. Además, enfrenta una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado por violencia política de género, situación que aún está en proceso de resolución.
Fuentes internas del Poder Judicial del Estado indicaron que aún no hay una resolución definitiva respecto a dichas quejas.
Sansores San Román denunció incidentes de misoginia y agresiones sistemáticas en su contra, publicando que los ataques son constantes y sistemáticos, y cuestionó el origen de tales actitudes, vinculándolas a una posible animadversión. La gobernadora expresó que estos ataques envían un mensaje negativo a las mujeres en cargos públicos.
El consejero jurídico del gobierno, Juan Pedro Alcudia Vázquez, señaló que existe una narrativa basada en insultos y descalificaciones, que va más allá de la libertad de expresión, afectando el honor y generando odio entre la ciudadanía.
La Fiscalía General del Estado notificó a la empresa y a González Valdez en febrero pasado sobre una medida de protección que prohíbe conductas de intimidación o molestia hacia la víctima, en línea con el expediente CI-2-2025-24.
