El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que declaró la caducidad del contrato de concesión con Ferrocarriles del Pacífico (FDP), además de imponer una sanción de aproximadamente 97.969 millones de pesos por perjuicios derivados de incumplimientos en obligaciones contractuales. Esta resolución, que sienta un precedente en la supervisión de contratos en el sector transporte, refuerza la obligación de las empresas concesionarias de cumplir con los términos pactados y destaca la responsabilidad del Estado en la vigilancia de la infraestructura nacional.
La decisión fue dictada tras agotar todas las instancias procesales; el tribunal analizó en profundidad el caso y desestimó las pretensiones de FDP, validando la actuación administrativa de la ANI. Según el fallo, la agencia actuó dentro de sus competencias para declarar la caducidad del contrato, garantizando el respeto por los derechos constitucionales del concesionario y realizando un análisis adecuado de los riesgos asumidos por FDP.
El presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, afirmó que "este es un logro del equipo de Defensa Judicial que confirmó la competencia de la entidad para declarar la caducidad debido al incumplimiento de FDP". También destacó que la ANI continuará vigilando los intereses de la Nación para que los concesionarios cumplan con sus obligaciones.
El vicepresidente jurídico de la AN, Ariel Lozano Gaitán, explicó que tanto el equipo de Defensa Judicial como el Grupo Interno de Trabajo en Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales aseguraron que la ANI respetó todas las garantías constitucionales durante el proceso y realizó un análisis exhaustivo de los riesgos contractuales.
La controversia se originó por incumplimientos relevantes en el servicio de transporte de carga, mantenimiento y conservación de infraestructura y equipos férreos, lo que llevó a la ANI a emitir la Resolución 1685 en noviembre de 2019, declarando la caducidad del contrato de concesión No. 09-CONP98 y ordenando a FDP pagar casi 98 mil millones de pesos. Esta decisión fue confirmada en mayo de 2020 mediante otra resolución, tras lo cual FDP presentó una demanda judicial solicitando la nulidad de dichas resoluciones y la reparación de daños.
El expediente fue revisado exhaustivamente por el Tribunal Administrativo, el cual, el 28 de enero de 2026, con magistrado ponente Juan Carlos Garzón Martínez, decidió negar las pretensiones de FDP y validar la legalidad del proceso y las decisiones de la ANI. El fallo validó que la agencia actuó respetando el debido proceso y realizando un estudio adecuado de riesgos, reafirmando la legalidad de las sanciones económicas y la caducidad del contrato.
Finalmente, la ANI reiteró su compromiso de seguir vigilando los contratos de infraestructura y defendiendo los intereses de la Nación, garantizando que se respeten los derechos de todas las partes en los procesos administrativos sancionatorios.
