El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió 13 casos relacionados con el proceso electoral extraordinario para integrar el Poder Judicial en la entidad, entre los cuales destacan sanciones a candidatos y decisiones sobre elecciones indígenas y derechos políticos. Entre los casos más relevantes, se encuentra el PES 17/2025, contra Marco Antonio Nava y Navas, candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien fue sancionado por actos anticipados de campaña al difundirse en redes sociales solicitudes de voto durante la precampaña, aunque las publicaciones fueron hechas por su hija y etiquetadas en su perfil, lo que llevó al tribunal a imponerle una amonestación pública. En el PES 30/2025, Nava enfrentó una segunda sanción por usar la imagen de un menor en un video de campaña sin el consentimiento completo de los padres, violando el interés superior de la niñez, ya que la madre autorizó, pero faltó el consentimiento paterno y la opinión del menor. La candidata a jueza familiar Ariadna Miranda González fue amonestada por incluir en su propaganda la imagen de un niño sin cumplir con los lineamientos de protección a menores; el tribunal descartó que vulnerara la separación Iglesia-Estado, ya que las imágenes de un templo no contenían mensajes promocionales religiosos. Por otro lado, el PES 36/2025 benefició a la candidata a jueza civil Octulia Díaz López, al determinar que no existían pruebas suficientes para acusarla de promoción personalizada o uso indebido de herramientas automatizadas en su campaña. Además de estos casos, el tribunal resolvió otros nueve asuntos relevantes: invalidó la elección de representación indígena en Temoaya por no realizar una consulta previa adecuada a las comunidades; ordenó a la tesorería de Chapa de Mota entregar información presupuestaria a su síndico por vulnerar derechos políticos; confirmó la elección de autoridades indígenas en Toluca ante acusaciones de acarreo; ordenó al ayuntamiento de Temoaya dotar de recursos a un regidor por discriminación en la asignación de personal; restituyó el registro de un candidato a consejo de participación ciudadana en Naucalpan, al considerar sin fundamentos la cancelación de su candidatura; y validó la convocatoria para elegir autoridades auxiliares en Almoloya de Juárez, tras no detectar violaciones a los usos y costumbres comunitarios.
