El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) decidió sancionar al dirigente estatal de las Juventudes de Morena, Arturo López Robles, por violencia política en razón de género contra la actual presidenta municipal de San Mateo Atenco. López Robles fue amonestado públicamente y será inscrito en el registro nacional y estatal de personas agresoras en materia político-electoral.
La resolución corresponde al Procedimiento Especial Sancionador 4/2025, después de que la alcaldesa, en ese entonces candidata a la alcaldía, denunciara que López Robles, junto con otros perfiles y páginas de Facebook, realizó publicaciones con expresiones que constituían violencia política de género en su contra durante el proceso electoral.
El TEEM aclaró que no se comprobó la existencia de calumnia electoral ni responsabilidad directa de los perfiles señalados, pero sí concluyó que las expresiones del dirigente juvenil, en su calidad de representante de Morena, fueron ofensivas, estereotipadas y dañaron la imagen pública de la denunciante.
Como sanción, además de la amonestación pública, el tribunal ordenó a López Robles ofrecer una disculpa pública mediante videograbación y publicar los efectos de la sentencia en los mismos medios en los que emitió sus mensajes. Morena también fue sancionada por culpa in vigilando, por no prevenir ni sancionar la conducta de su dirigente.
La magistrada Arlen Siou Jaime Merlos advirtió sobre posibles dificultades en el cumplimiento de la sanción, debido a contradicciones en las diligencias para localizar al sancionado, lo que podría afectar la eficacia de las medidas.
En otros procedimientos, el TEEM también resolvió asuntos sobre la representatividad indígena en Chapa de Mota, revocando una convocatoria por haber sido emitida fuera de plazo y con requisitos excesivos, y ordenando realizar una consulta previa para emitir una nueva convocatoria.
Asimismo, se confirmó la designación de Martín Palma Mendoza como representante indígena, y se acreditó violencia política por trato diferencial y obstrucción por parte del presidente municipal y exservidor público en procedimientos internos. Además, se ordenó garantizar recursos mínimos a la regidora que alegó falta de personal y combustible para realizar sus funciones.
Por último, en un caso de violencia simbólica, una regidora indicó que se le restringió el uso de la voz y se le dirigieron expresiones con estereotipos de género en una sesión de Cabildo; lo que fue acreditado, y en consecuencia, se dio vista a la Contraloría del Congreso para sancionar a los involucrados. La mayoría de las decisiones se tomaron por votaciones unánimes, salvo en algunos casos específicos donde hubo votos en contra.
