Durante su última sesión, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió 13 impugnaciones relacionadas con las elecciones para magistraturas y juzgados en la entidad. Como resultado, tres aspirantes recibieron amonestaciones públicas por actos anticipados de campaña y por vulnerar el interés superior de la niñez.
Las denuncias, tanto ciudadanas como de participantes y representantes sectoriales, señalaron posibles violaciones a la normativa electoral durante el proceso judicial extraordinario 2025.
Uno de los casos más relevantes fue el de Arturo Heiner Garduño, candidato a magistrado penal en Tlalnepantla, quien fue sancionado con amonestación pública tras publicar en Instagram propuestas antes de que comenzaran oficialmente las campañas, que iniciaron el 24 de abril.
Asimismo, Sergio Mayen Arroyo, aspirante a juez familiar en el Distrito Judicial II de Cuautitlán, fue sancionado por publicar en Facebook los días 15 y 16 de abril mensajes que solicitaban el voto de manera explícita. El propio Mayen Arroyo reconoció ser el autor de esas publicaciones.
Una tercera sanción recayó en una candidata a jueza familiar en Toluca, quien difundió imágenes de niños con rostros identificables como parte de su propaganda. El tribunal determinó que no hubo autorización ni adecuada edición para proteger la privacidad de los menores, vulnerando su derecho a la privacidad.
En otros casos analizados, el TEEM dictaminó que no existían infracciones o desestimó las denuncias por falta de elementos jurídicos suficientes.
Entre los exonerados, se encuentran Marco Antonio Nava y Navas, acusado de promocionar su imagen a través de un video en Instagram, el cual el tribunal concluyó que no implicaba ventaja indebida ni proselitismo directo. Igualmente, Darío Campos Ayala fue exonerado tras ser denunciado por el uso de expresiones como ‘pueblo’ y ‘transformar’ en TikTok, ya que esas palabras no constituían propaganda partidista.
Un magistrado en funciones, quien competía por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, también fue acusado de promoción personalizada y propaganda anticipada; sin embargo, no se encontraron pruebas suficientes para sancionarlo.
Una candidata a magistrada civil fue acusada de mezclar religión con proselitismo por asistir a un templo, pero el TEEM determinó que su visita estaba respaldada por el derecho de culto y no era propaganda.
Tres aspirantes fueron denunciados por promoción en medios digitales como Periódico de Izcalli y Facebook. El tribunal sumó los casos y concluyó que dichas publicaciones cumplían con los lineamientos del Instituto Electoral.
En el caso de Arturo César Ortiz Gómez, entonces candidato a juez penal en Tenango del Valle, las acusaciones de uso indebido de recursos y de incluir menores en propaganda no pudieron ser comprobadas, aunque se registraron eventos públicos.
Finalmente, las denuncias contra Cristel Yunuen Pozas Serrano, consejera de la Judicatura, y Maciel Mejía Flores, candidata a magistrada penal en Toluca, fueron declaradas infundadas, ya que no se acreditó uso indebido de recursos públicos ni actos anticipados o promoción religiosa.
