El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este martes revisar de manera rápida la legalidad de la mayoría de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump desde su regreso al poder en enero pasado. Esta causa, considerada vital por el propio mandatario para mantener su política de guerra comercial y avanzar en su programa económico, ha generado gran atención.
El máximo tribunal estadounidense anunció que escuchará los argumentos de las partes a principios de noviembre, tras la decisión de un tribunal de apelaciones que el pasado 29 de agosto dictaminó que Trump excedió su autoridad al usar una ley de emergencia para imponer los aranceles. La mayoría conservadora del tribunal, con seis magistrados frente a tres progresistas, busca resolver con rapidez un caso que tiene profundas implicaciones en el comercio internacional y en las finanzas públicas de Estados Unidos.
La corte de apelaciones del Circuito Federal sostuvo en agosto que Trump no tenía derecho a imponer los llamados 'aranceles recíprocos', que varían entre un 34 por ciento para productos procedentes de China y un 10 por ciento base, así como un gravamen del 25 por ciento a ciertos productos de Canadá, China y México. Washington argumentaba que estos impuestos respondían a esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a Estados Unidos.
El fallo también ratificó una decisión previa del Tribunal Internacional de Comercio, que en mayo consideró que no existía una emergencia nacional que justificara el uso de la ley que Trump utilizó para imponer los gravámenes. En ese momento, afectados por los impuestos, dos importadores estadounidenses presentaron una denuncia.
La Administración de Trump ha dependido de los ingresos recaudados en aduanas para financiar su ambicioso proyecto de reforma fiscal y presupuestaria, la cual incluía extensos recortes de impuestos aprobados en julio. Una derrota en esta causa implicaría la cancelación de gran parte de los aranceles impuestos, la devolución de miles de millones de dólares a los países afectados y podría poner en entredicho la estabilidad financiera del país.
Por otro lado, una sentencia favorable fortalecería el poder presidencial del mandatario neoyorquino, incentivando aún más el uso de la ley de emergencia para presionar a socios comerciales.
