Luego de que la Corte Suprema de EE. UU. invalidara la herramienta preferida del gobierno para imponer aranceles, el presidente Donald Trump anunció que recurrirá a otras disposiciones legales para seguir aplicando gravámenes a las importaciones. Entre las alternativas están la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la Sección 232 y la Sección 301, todas ellas con diferentes procedimientos y limitaciones.
El fallo de la semana pasada eliminó la validez de la autoridad que Trump había utilizado para imponer aranceles de manera autónoma mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). En respuesta, el mandatario afirmó desde la Casa Blanca que recurrirá a las disposiciones legales disponibles, incluyendo la Sección 122, que hasta ahora no había sido empleada por ningún presidente.
La Sección 122 permite al presidente establecer aranceles del 10 por ciento en productos importados como medida contra déficits comerciales considerados 'graves', con una duración máxima de 150 días, a menos que el Congreso vote por su extensión. Trump señaló que aplicará esta medida en unos tres días, aunque expertos advierten que su alcance y límites aún no tienen precedentes judiciales claros.
Otra opción que mencionó el mandatario es la Sección 232, que faculta imponer aranceles por motivos de seguridad nacional. Trump ya ha utilizado esta herramienta para gravar acero, cobre, automóviles y otros productos. La investigación previa a la imposición de aranceles bajo esta sección puede tardar hasta 270 días, dependiendo de un informe del Departamento de Comercio, que evalúa el riesgo a la seguridad nacional.
También adelantó que recursará a la Sección 301 para investigar prácticas comerciales desleales y justificar la imposición de aranceles adicionales. Desde su administración, Trump ha aplicado esta facultad, principalmente contra China, y recientemente consideró usarla en relación con Brasil. Estas medidas buscan presionar a países considerados infractores en materia de comercio internacional.
Expertos y analistas señalan que, aunque estas herramientas legales ofrecen alternativas, su uso puede ser objeto de impugnaciones judiciales y presenta un proceso más largo y complejo en comparación con la autoridad que le otorgaba la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La estrategia del mandatario busca mantener la postura de protección del mercado estadounidense ante desafíos comerciales y déficits económicos, aunque con posibles desafíos legales a futuro.
