El Juzgado Federal N°1 de Tucumán, bajo la autoridad del juez José Manuel Díaz Vélez, ordenó el congelamiento de bienes y criptoactivos de una organización sospechosa de lavado de dinero vinculada al crimen organizado trasnacional. La medida, solicitada por el Ministerio Público Fiscal, busca desarticular una estructura financiera que habría servido como canal para fondos del Comando Vermelho, una de las organizaciones brasileñas más poderosas.
La investigación, encabezada por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, inició a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en coordinación con el fiscal general Diego Velasco. Según las investigaciones, el grupo utilizaba plataformas digitales, billeteras virtuales y operaciones en criptomonedas para mover fondos de origen delictivo, dificultando su rastreo.
Los fiscales señalaron que los activos, cuyo origen no podía ser justificado mediante perfiles patrimoniales o fiscales, eran canalizados a través de una red compleja con múltiples contrapartes, permitiendo volver los fondos al prófugo brasileño Marcelo Clayton Alves de Sousa, acusado de tráfico de drogas y blanqueo, actualmente con órdenes de captura.
Alves de Sousa es considerado un vínculo clave entre la organización en Tucumán y el Comando Vermelho, que usaría la red local como vía de escape y para legitimar activos ilícitos provenientes de Brasil y rutas del narcotráfico regional.
Para llevar a cabo el congelamiento, la fiscalía coordinó esfuerzos con distintas áreas especializadas del Ministerio Público, logrando bloquear esta semana 208,693 dólares en criptoactivos (USDT) tras confirmar saldos en plataformas de criptomonedas. Estos fondos permanecen bajo depósito judicial, a la espera de avanzar en el proceso penal.
Asimismo, la resolución judicial incluyó la confiscación de diversos bienes y activos financieros, muchos de los cuales se encuentran fuera de Argentina, evidenciando la infraestructura logística de la organización. La acción se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recomienda el decomiso efectivo de ganancias del delito y la acción proactiva en la persecución del crimen financiero.
Este operativo no solo refuerza las investigaciones en curso, sino que también fortalece la protección del sistema financiero nacional contra la infiltración de capitales provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas. La recuperación de activos y la imposición de multas millonarias representan políticas de Estado prioritarias en la lucha contra las organizaciones criminales trasnacionales, consolidando el compromiso del país en la lucha contra el crimen organizado.
