La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) llevará a cabo una auditoría sobre la evolución patrimonial de 186 servidores públicos, lo que equivale al 3% de su plantilla total de 6,536 empleados, según informó un documento publicado en la ‘Gaceta del Gobierno’. El principal objetivo será verificar que el incremento de bienes y recursos económicos de estos empleados esté en concordancia con sus ingresos legales, reforzando así las medidas contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
El proceso de selección se realizará de manera aleatoria, siguiendo una técnica estadística llamada muestreo estratificado, para asegurar una representación equitativa entre los diferentes grupos de empleados. La población se divide en dos grandes categorías: 2,472 trabajadores en dependencias de administración central (como rectoría, secretarías y direcciones generales) y 4,064 en espacios académicos (facultades, centros universitarios, escuelas preparatorias e institutos). De cada grupo, se seleccionará una muestra proporcional, conformada por 92 empleados administrativos y 94 del ámbito académico.
La revisión será llevada a cabo por el Órgano Interno de Control de la misma universidad, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Dependiendo del tamaño y la importancia de cada dependencia, el número de empleados auditados variará; por ejemplo, se revisarán 20 empleados en la Secretaría de Administración y solo uno en áreas menores como Rectoría o Secretaría de Proyectos Especiales.
En el sector académico, las facultades serán las principales áreas sujetas a auditoría, con 55 empleados seleccionados, mientras que instituciones más pequeñas, como la Escuela de Artes, tendrán una sola revisión. Es importante aclarar que este proceso no incluye al personal académico de asignatura, debido a que, según el Reglamento del Personal Académico, estos trabajadores no superan el máximo de horas clase que requeriría presentar declaración patrimonial, delimitando así el alcance de la auditoría.
El documento destaca que estas auditorías patrimoniales son una herramienta clave para detectar irregularidades, disuadir prácticas indebidas y fomentar una cultura de legalidad en la comunidad universitaria.
