¿Alguna vez te has preguntado si las leyes están realmente protegiendo a las víctimas de hostigamiento y abuso sexual en el Estado de México? La respuesta ha dado un giro decisivo con la aprobación unánime en el Congreso del Edomex de nuevas reformas que aumentan las penas para quienes cometan estos delitos.
Este miércoles, las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y la de Igualdad de Género del Congreso mexiquense acordaron, sin objeciones, fortalecer el marco legal. ¿El objetivo? garantizar mayor justicia a las víctimas y castigar con más dureza a los agresores. La propuesta, respaldada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, será sometida a votación en el pleno y, una vez publicada en la Gaceta de Gobierno, entrará en vigor de inmediato.
¿En qué cambian las leyes? Para comenzar, el hostigamiento sexual, que antes se sancionaba con solo seis meses a dos años de prisión, ahora podrá castigarse con entre 2 y 6 años de cárcel o con multas de 100 a 800 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. ¿Y si la conducta es reiterada, o la víctima está en una situación de indefensión o desventaja? En esos casos, la pena puede incrementarse hasta 9 años.
Pero eso no termina allí. El abuso sexual también recibe un aumento en sus sanciones. El período de cárcel, que antes era de 2 a 4 años, ahora será de 3 a 7 años, acompañado de multas de 200 a 500 UMAS. Además, se impondrán trabajos en favor de la comunidad o talleres educativos con perspectiva de género. Si el delito se comete contra menores de edad, o personas con incapacidad de comprender o resistir, las penas se elevan aún más, alcanzando hasta 15 años en los casos más graves.
Además, en casos donde el delito involucre violencia, múltiples agresores, lugares aislados o relaciones de confianza como parentesco, laboral o afectivo, las penas se incrementarán hasta en un tercio. La ley también hace un énfasis especial en proteger a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, víctimas de violencia basada en su orientación o identidad sexual, y quienes se encuentren en estado de indefensión.
¿Y qué pasa si un servidor público o profesional intenta impedir o disuadir a la víctima? La ley será implacable: será destituido, inhabilitado y enfrentará penas de hasta 6 años de prisión.
¿El mensaje claro? El Congreso del Estado de México está tomando cartas en el asunto para que estas conductas no queden impunes y las víctimas tengan un respaldo real. La pregunta ahora es: ¿será suficiente este endurecimiento para acabar con la impunidad? Solo el tiempo y la justicia dirán.
