¿Sabías que en el municipio de El Oro, Estado de México, se ha destapado una posible situación de corrupción y falsificación que pone en jaque la validez de documentos oficiales? Esto no es una noticia cualquiera: la crisis en la administración local ha llegado a un nivel legal que podría tener implicaciones graves.
Este viernes, el Secretario del Ayuntamiento, Alfonso Carmona Castro, hizo un anuncio que sacudió a la comunidad: presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). ¿Por qué? Porque descubrió que se había sustraído de forma ilegal sellos y papelería oficial de las oficinas del ayuntamiento.
Pero, ¿quién estuvo detrás de esto? La propia presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, sería la ordenante de este acto ilícito. La responsable, la secretaria de procesos del ayuntamiento, habría sacado la papelería y los sellos sin autorización alguna y de manera directa, sin el consentimiento del titular del área. Esto levantó alertas sobre un posible uso indebido, fraudulento o doloso de estos elementos que son clave para la firma y validez de los documentos oficiales.
Como medida preventiva, Carmona Castro se deslindó completamente de cualquier documento, trámite o comunicación oficial que se haya generado desde el lunes 12 de enero en adelante. Este incluye cualquier intento de alterar, modificar, sustituir o falsificar documentos anteriores sin su firma autógrafa, validación directa o autorización explícita. ¿El riesgo? Que dichos documentos puedan ser considerados inválidos y no reconocidos por ninguna autoridad, ya sea municipal, estatal o federal.
El secretario del ayuntamiento también advirtió que todos los documentos que presenten irregularidades —como sellos o firmas falsificadas— carecen de validez legal y, por lo tanto, no deben ser tramitados ni reconocidos.
¿Y qué sigue? La denuncia inicial no termina aquí; en los próximos días, se aportarán pruebas adicionales para fortalecer el caso. La investigación será larga, pero el objetivo es determinar quién está detrás de este acto y qué delitos se derivan, ya que todo esto se integrará en la carpeta de investigación que se entregará a la Fiscalía Anticorrupción. La comunidad de El Oro espera que la justicia actúe con firmeza ante este grave atropello administrativo.
