La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este miércoles la ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia en el país sudamericano. Tras más de diez horas de discusión, la iniciativa contó con el respaldo unánime del oficialista Frente Amplio y también fue apoyada por algunos legisladores de los partidos opositores Partido Colorado y Partido Nacional.
La ley busca garantizar el derecho a una muerte digna, permitiendo la eutanasia para mayores de edad que se encuentren en etapa terminal o que sufra de enfermedades incurables e irreversibles, además de padecer dolores insoportables. El proyecto establece que podrán acogerse a esta ley tanto ciudadanos uruguayos como extranjeros residiendo en el país, siempre y cuando acrediten su residencia habitual.
El proceso para acceder a la eutanasia está detallado en la normativa, que indica los pasos a seguir para quienes deseen ejercer este derecho. Uruguay dio el primer paso hacia la legalización el 13 de agosto, cuando la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa, que posteriormente fue debatida con diferentes colectivos en la Comisión de Salud Pública del Senado.
Durante el debate, el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet resaltó que el proyecto se desarrolló con responsabilidad, incluyendo garantías para proteger a los pacientes, y garantizó la confianza en los profesionales de la salud. Añadió que el derecho a decidir no obliga a nadie y que transitar con dignidad el proceso final de la vida, en condiciones de sufrimiento extremo y deterioro progresivo, no debe ser considerado un delito.
El senador Ope Pasquet, del Partido Colorado, también respaldó la ley, argumentando su carácter humanitario y necesario, dado el sufrimiento de quienes enfrentan enfermedades terminales. La propuesta que él presentó en 2020 había sido aprobada en la Cámara de Representantes, pero no logró avanzar en el Senado.
Con la ley ya sancionada, el Poder Ejecutivo tiene un plazo máximo de 180 días para reglamentarla. Posteriormente, se contará con 90 días para constituir la Comisión Honoraria de Revisión, la cual será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo supervisar los procedimientos relacionados con la eutanasia. Esta comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, del Colegio Médico del Uruguay, de la Universidad de la República y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensa del Pueblo, y deberá presentar un informe anual.
