La destitución exprés de la presidenta Dina Boluarte ha abierto un nuevo escenario de debate jurídico y político en Perú. El procedimiento acelerado, llevado a cabo por el Congreso de la República, ha generado cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso, la legitimidad de la medida y las posibles implicaciones legales futuras. Esta situación ha incrementado la incertidumbre en el escenario nacional y podría desembocar en acciones judiciales.
En medio de la polémica, la defensa de Boluarte, liderada por el abogado Joseph Campos, anunció a Infobae que evalúan presentar una acción de amparo para intentar revertir lo que consideran un proceso viciado. Campos afirmó que la destitución se realizó en solo cincuenta y seis minutos, en horarios poco transparentes, condiciones que, desde su perspectiva, violarían el debido proceso y estándares internacionales de derechos humanos. El abogado apuntó que si la permanencia de un presidente elegido democráticamente está en debate, lo correcto sería realizar la sesión públicamente y en horarios adecuados para la ciudadanía.
Por otro lado, el constitucionalista Christian Guzmán Napurí, docente de la Escuela de Posgrado Continental, explicó que el recurso de amparo está diseñado para solicitar la restitución de derechos vulnerados, no para determinar responsabilidades políticas. Guzmán consideró que el proceso fue legal y reglamentario, por lo que no existirían argumentos sólidos para presentar una acción de amparo. También señaló que, incluso en el supuesto que proceda, sería difícil responsabilizar individualmente a los integrantes del Congreso o la Mesa Directiva, ya que la decisión fue política y lógica, respetando las normativas vigentes.
En contraste, el penalista Diego Arteaga, de Arteaga & Asociados, afirmó que, independientemente de las opiniones sobre la gestión de Boluarte, no se respetó el derecho a la defensa. Esto podría derivar en sanciones disciplinarias o penales si se comprueba una violación a la Constitución. Arteaga explicó que los congresistas podrían ser sancionados por incumplir las garantías constitucionales, pudiendo ser suspendidos o inhabilitados según el artículo 23, inciso b, del Reglamento del Congreso. Además, advirtió que, a nivel penal, podría abrirse una investigación por abuso de autoridad si se demuestra que la vacancia se llevó a cabo sin respetar las garantías procesales constitucionales. Aunque reconoció que la naturaleza política del proceso puede atenuar las responsabilidades, resaltó que la demostración de arbitrariedad o daño a derechos fundamentales podría activar la intervención judicial.
