Durante la presentación del libro 'El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación', realizada en el Congreso del Estado de México, juristas y académicos coincidieron en que la legislación local no establece un marco que obligue a los hospitales públicos a ofrecer abortos gratuitos. La falta de una Ley de Salud estatal y de armonización legislativa impide que estos centros tengan un sustento legal para realizar estos procedimientos, a pesar de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los expertos señalaron que la resolución 148/2017 de la SCJN no despenalizó el aborto en México ni obligó a reformar los códigos penales en las entidades, sino que solo estableció criterios interpretativos que deben ser aclarados por la legislación local. Rafael Estrada Michel, jurista y comentarista del libro, explicó que la Corte consideró que el producto concebido no es un individuo, sino un bien constitucionalmente protegido, generando vacíos legales que deben resolverse en el nivel estatal.
“En la práctica, estos vacíos se han interpretado como una obligación para los hospitales, cuando en realidad no existe un respaldo legal, presupuestario ni reglamentario para ello”, afirmó Estrada Michel.
Por su parte, Susana Miguel López, una de las autoras del libro, puntualizó que la sentencia de la SCJN fue ambigua al no definir claros límites temporales ni el alcance del denominado 'periodo breve y razonable' en que el aborto sería permitido. La sentencia, dijo, deja al legislador local la responsabilidad de establecer plazos y condiciones, cosa que en el Estado de México aún no ha ocurrido.
Además, recordó que el Congreso mexiquense todavía no aprueba una Ley de Salud estatal, lo que deja sin lineamientos claros al Instituto de Salud del Estado de México para aplicar políticas sobre interrupción del embarazo y garantizar atención segura y gratuita. “No se trata de ideología, sino de legalidad y certeza institucional”, resaltó.
Desde una perspectiva complementaria, Joana Guadarrama, autora del capítulo 'Derecho a la salud y abortos no deseados', afirmó que el Estado debe garantizar infraestructura, personal médico capacitado y apoyo psicológico tanto para quienes deciden continuar con su embarazo como para quienes enfrentan complicaciones.
“El derecho a decidir también implica que las mujeres puedan ser madres con protección y apoyo institucional”, puntualizó.
Los panelistas hicieron un llamado a promover un debate legislativo amplio en el Congreso del Estado de México, que considere la protección de la vida y los derechos de las mujeres, sustentándose en datos científicos y no en posturas ideológicas. Concluyeron que, hasta que no exista una Ley de Salud que regule específicamente los servicios de interrupción del embarazo, los hospitales públicos no tendrán base jurídica para realizarlos de manera gratuita.
